Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.— Mientras los homicidios muestran una tendencia a la baja en Michoacán durante los últimos años, otros delitos vinculados con la presión del crimen organizado, como las amenazas, extorsiones y despojos, han registrado incrementos significativos, lo que revela una transformación en las dinámicas de violencia en el estado.
Disminuyen los homicidios después de alcanzar su punto más alto
Las estadísticas delictivas muestran que los homicidios alcanzaron su punto más alto en 2021, cuando se registraron 3 mil 237 casos entre dolosos y culposos.
A partir de entonces, las cifras han mostrado una tendencia descendente. Para 2025 se reportaron 2 mil 132 homicidios en total, lo que representa una reducción aproximada del 34 por ciento respecto al pico registrado en 2021.
Incluso si se toma como referencia el año 2020, cuando se contabilizaron 2 mil 921 homicidios, la reducción es cercana al 27 por ciento.
Los datos reflejan que, aunque la violencia letal ha disminuido en el estado, el problema de seguridad no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma.
En el plano federal, los homicidios dolosos en el país pasaron de un promedio diario de 86.9 en septiembre 2024 a 50.9 víctimas en enero 2026; con lo que este enero es el más bajo desde 2016.
Del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026 se detuvieron a 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga y se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios
Las amenazas crecen más de 900% en una década
Uno de los delitos que más ha crecido en Michoacán es el de amenazas. En 2015 se registraron 447 casos, mientras que para 2025 la cifra llegó a 4 mil 612 denuncias, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colectadas a través de Crimipol.com.mx.
Esto representa un incremento de aproximadamente 931 por ciento en diez años, lo que muestra una expansión de los mecanismos de intimidación utilizados por grupos criminales y otros actores delictivos.
El aumento sostenido de este delito sugiere que, en muchos casos, la violencia en Michoacán no se materializa en homicidios, pero sí en presiones directas contra ciudadanos, empresarios o productores.
Extorsión se dispara más de 1000%
El delito de extorsión también ha registrado un crecimiento acelerado.
Mientras en 2017 se contabilizaban apenas 21 casos, para 2025 la cifra llegó a 262 denuncias, lo que implica un incremento superior al mil 100 por ciento en menos de una década.
El crecimiento más notable ocurrió a partir de 2022, cuando las denuncias comenzaron a aumentar con rapidez: de 65 casos ese año pasaron a 241 en 2023 y posteriormente a 295 en 2024.
Este fenómeno refleja el fortalecimiento de esquemas de cobro de “derecho de piso” o control territorial por parte de organizaciones criminales.
Despojos también muestran incremento sostenido
El delito de despojo también presenta un crecimiento importante en los últimos años.
En 2015 se contabilizaban 328 casos, mientras que en 2025 se reportaron 796 denuncias, lo que representa un aumento aproximado del 143 por ciento.
Este tipo de delito suele estar relacionado con disputas por tierras, invasiones o apropiación ilegal de propiedades, fenómenos que en algunas regiones del estado se vinculan con la presencia de grupos criminales.
Informe de la DEA advierte sobre diversificación criminal de los cárteles
Un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advierte que los cárteles mexicanos han diversificado sus actividades delictivas más allá del narcotráfico.
De acuerdo con el documento National Drug Threat Assessment 2025, estas organizaciones criminales participan también en delitos como extorsión, secuestro, tráfico de personas, robo de recursos naturales y lavado de dinero.
El informe señala que grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones vinculadas con la Familia Michoacana utilizan la violencia y la intimidación para mantener el control territorial y proteger sus operaciones criminales.
Además del tráfico de drogas, estos grupos realizan actos de intimidación, amenazas y extorsión contra civiles, autoridades locales y sectores productivos para asegurar ingresos y dominio sobre determinadas regiones.
La violencia cambia de forma en Michoacán
Los datos muestran que la violencia en Michoacán no ha desaparecido, sino que se ha transformado.
Mientras los homicidios han disminuido en los últimos años, otros delitos vinculados con la intimidación y el control territorial han aumentado de manera significativa.
Este fenómeno puede interpretarse como un reacomodo de las organizaciones criminales, que buscan mantener ingresos y presencia territorial mediante delitos menos visibles que el homicidio, pero con impactos directos en la vida económica y social de las comunidades.
Las diversas fuentes de financiamiento
El cobro de piso, las amenazas y la extorsión forman parte de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles que operan en México y particularmente en regiones con presencia histórica del crimen organizado, como Michoacán.
Un informe reciente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) revela que estos grupos han ampliado sus actividades más allá del narcotráfico y han consolidado esquemas de presión económica contra la población y los sectores productivos.
De acuerdo con el reporte National Drug Threat Assessment 2025, las organizaciones criminales mexicanas han ampliado su portafolios delictivo para diversificar sus ingresos y reducir su dependencia del narcotráfico.
El documento señala que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación han incrementado su participación en actividades criminales adicionales, entre ellas esquemas de extorsión, infiltración en industrias legales, robo de combustible y operaciones inmobiliarias utilizadas para lavar dinero.
Según el informe, estas estrategias permiten a las organizaciones criminales generar ingresos constantes y, al mismo tiempo, proteger sus activos relacionados con el tráfico de drogas frente a posibles decomisos de las autoridades.
Control territorial e intimidación
La DEA advierte que los cárteles mantienen su control territorial mediante un sistema de violencia e intimidación.
El documento describe que estas organizaciones recurren a asesinatos, secuestros, tortura y amenazas para imponer su dominio en regiones estratégicas y asegurar el funcionamiento de sus operaciones criminales.
Este modelo de control permite a los grupos delictivos obligar a comerciantes, empresarios, transportistas o productores agrícolas a pagar cuotas periódicas, conocidas comúnmente como “derecho de piso”.
El informe también describe cómo algunos cárteles realizan extorsiones directas contra migrantes, comerciantes y actividades económicas locales.
En varios territorios bajo su control, las organizaciones criminales exigen pagos a migrantes que cruzan rutas controladas por los cárteles o los secuestran para exigir rescates o trabajo forzado.
Estas prácticas se replican en distintos niveles dentro de los territorios dominados por organizaciones criminales, donde el cobro de piso se convierte en una forma sistemática de obtener recursos económicos.
El informe identifica también a la organización conocida como La Familia Michoacana como un grupo con presencia en varios estados, entre ellos Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Este grupo, surgido en 2006, ha sido señalado por utilizar tácticas de violencia y estructuras de tipo militar para enfrentar a organizaciones rivales y mantener control territorial.
La disputa por territorios entre diferentes organizaciones criminales ha sido uno de los factores que han alimentado los ciclos de violencia en diversas regiones del país.
De acuerdo con el análisis de la DEA, el cobro de piso y la extorsión forman parte del modelo económico que permite a los cárteles sostener sus operaciones.
Además del tráfico de drogas, estos grupos participan en secuestro, tráfico de personas, contrabando, lavado de dinero y corrupción, actividades que les permiten mantener control económico sobre territorios y comunidades.
La combinación de violencia, intimidación y control territorial permite a las organizaciones criminales establecer sistemas de cobro que afectan a comerciantes, productores agrícolas, transportistas y otros sectores de la economía local formal e informal.
Este fenómeno explica por qué, en algunas regiones, los homicidios pueden disminuir mientras aumentan delitos como la extorsión, las amenazas y el despojo, prácticas que funcionan como mecanismos de control social y económico en zonas bajo influencia del crimen organizado.
