Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre.- El presupuesto para el manejo de la imagen institucional del gobierno se incrementó en 96% en medio de una crisis de comunicación por el homicidio de Carlos Manzo y el clima de inseguridad que vive Michoacán.
El área de Comunicación Social del gobierno de Michoacán tuvo en este 2026 un incremento de 96% en su presupuesto, al pasar de 122 millones de pesos a más de 240 mdp. En este momento, las críticas para el gobernador no se han hecho esperar, incluso en los medios aliados a la autodenominada Cuarta Transformación.
“A quien no le importa nada este asunto es al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, porque mientras la Presidenta ha instruido a todo su gabinete a concentrar los esfuerzos para que Michoacán recupere la estabilidad tras la reciente crisis, Ramírez Bedolla da tumbos y está más ocupado en otras cosas, detrás de tu escritorio, quizás haciendo nada, mientras todos están poniéndose a trabajar en recuperar la paz del Estado, que se supone que él gobierna” expuso en una de sus opiniones en el medio SDP Noticias Elizabeth García Vilchis, quien en el sexenio de AMLO era la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, que presentaba las noticias menos favorables para el régimen cada semana.
Se trata de una opinadora evidentemente cargada a defender los intereses de la Cuarta Transformación y que este sexenio acudirá a las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum como reportera del medio SDP Noticias.
“El lugar de sumar esfuerzos con el gobierno federal, el gobernador decide impulsar una estrategia de confrontación entre Morena, alentando, campañas de ataque contra sus propios compañeros de partido, a través de sus medios aliados, chayoteros, y otras plataformas digitales, operadas por su vocera (Zayín Villavicencio) se ha articulado nado sincronizado de mensajes que buscan debilitar y acusar a sus adversarios políticos, entre ellos, Raúl, Morón y Leonel Godoy”, expuso García Vilchis.
Es evidente que hay una crisis en materia de comunicación política en un contexto como el actual, cuando medios como El País, un medio con tendencia de izquierda, lo ha catalogado como “el gobernador al que se le incendió Michoacán en un mes”.
Medios como EmeEquis han cuestionado el enriquecimiento de los funcionarios bedollistas, como el caso de César Augusto Ocegueda, consejero jurídico del gobierno de Michoacán, quien declaró un inmueble de 200 millones de pesos pagado al contado y quien también presume coches de lujo mientras su sueldo oficial no alcanzaría para obtener estos bienes.
El secretario de gobierno, Raúl Zepeda, tiene cuatro propiedades, una pagada de contado por más de 2 millones de pesos, y una colección de arte valuada en 600,000 pesos, advierte la misma publicación.
Aumento al monto en Comunicación Social
La principal preocupación, más que un incremento, es la manera en que se puede aplicar este recursos, que no tiene reglas claras de operación. En Michoacán, es común que sexenio tras sexenio surjan nuevos portales de noticias y sin una verdadera audiencia accedan a contratos el gobierno.
Una vez acabado el sexenio, estos medios generalmente desaparecen. En el estado hay medios como la revista “Match” en la que se encumbró a la secretaria de Movilidad Gladyz Butanda con una entrevista de portada en primer número que incluso apareció impreso. El segundo número no ha aparecido, pese a que era una revista con supuestos anunciantes.
En su sitio de Facebook se aprecia que tiene apenas 12 seguidores.
“A mí lo que más me preocupa, desde mi punto de vista como legislador, más que la cantidad es la calidad del gasto. Es decir, pudiera parecer poco 240 millones de pesos o pudiera parecer mucho, pero en función de qué impacto tiene la calidad de vida de las personas, y si no puede tener un impacto negativo en la calidad de democracia, la calidad de la información que es el bien básico que consumimos los ciudadanos para poder tomar decisiones al momento de acudir a votar”, explica Hugo Rangel Vargas.
“El principal cliente de los medios de comunicación en el estado es el gobierno y este recurso debería de usarse para estimular buenas prácticas en los medios de comunicación. Pongo el ejemplo de lo que ocurrió a nivel nacional con la doctora Claudia Sheinbaum, a raíz de que Ricardo Sabinas Pliego (dueño de TV Azteca) se negó a pagar sus impuestos, la Presidenta y el Poder Ejecutivo decidieron no otorgarle ya contratos de publicidad oficial y se cayó el monto que recibe esta empresa por contratos de publicidad oficial del gobierno federal”, explica el legislador.
Los medios de comunicación tienen que cumplir en sus obligaciones con sus trabajadores. En la realidad, hoy en día los periodistas, reporteros y demás personal de los medios de comunicación no cuenta con las prestaciones mínimas, pese a que incrementa el gasto en comunicación. Eso tiene que cambiar, de acuerdo con el legislador local del PT.
“Debemos de exigirle a los empresarios con los que tiene contratos el gobierno del estado que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, de sus obligaciones laborales, que tengan al menos un defensor de los derechos de las audiencias, que tengan un mecanismo mediante el cual el público, si se siente lastimado o no se le concede el derecho de réplica, pueda garantizarse esa condición democrática mínima”, explica.
Comunicación Social, Michoacán está en desacato
El diputado local Hugo Rangel Vargas trabaja en una iniciativa de Ley de Comunicación Social que plantea hacer reglas clara para la entrega de estos recursos, que sea para medios bien instituidos, que paguen sus contribuciones de ley y que no hagan manejo para favorecer la imagen pública de los mandatarios o funcionarios en activo.
Se trata de que los medios de comunicación otorguen información de calidad y no estén sujetos al poder en turno.
“Es urgente que armemos la ley en esta materia, porque no sólo tiene que ver con pesos y centavos, sino que tiene que ver con algo muy importante que es la información, la calidad de la información que consumen los ciudadanos, porque es la base con la que toman decisiones en un régimen democrático”, expone el legislador Hugo Rangel Vargas.
El diputado rememora que, desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la organización Artículo 19 presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Un recurso jurídico para obligar a que el gobierno emitiera una norma en este sentido y el Congreso de La Unión emitió la Ley de comunicación social, que en uno de sus transitorios le daba a los Congresos de los estados 90 días para que promulgaran una ley en el mismo sentido, que normara la comunicación social de los gobiernos en los ámbitos de su competencia, y este periodo se venció en 2018. Llevamos casi seis años en desacato de este mandato del Congreso de La Unión, y en Michoacán no se ha metido una Ley de Comunicación Social que norme esta situación”, expone Rangel Vargas.
La Ley General de Comunicación Social detalla en su artículo tercero transitorio que los Congresos Locales deberán contar con una legislación armonizada tres meses después del 11 mayo de 2018. Más de seis años después, en Michoacán no existe Ley de Comunicación Social, lo que ha hecho que el estado se encuentre en un desacato.
Una historia de excesos
El diputado insiste en que más allá del monto del gasto, es preocupante que el dinero de los michoacanos acabe en campañas de promoción personal de funcionarios en vez de invertirla en información de calidad para el pueblo de Michoacán que ayude en la toma de decisiones.
“Me parece que hay números, datos reveladores, que desde hace unos años han trabajado organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en donde al hacer un análisis de la calidad del ejercicio del gasto público se ha encontrado que casi todos los estados de la República, y particularmente Michoacán y especialmente en el caso de la administración anterior estatal del gobierno del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, el gasto en materia de comunicación social siempre se excedió a lo que aprobaba el congreso del estado”, explica Hugo Rangel Vargas.
“Había un sobreejercicio en este rubro, pero más allá de la cantidad, lo que lo que te preocupa también es la calidad, es decir, las reglas con las que se ejerce este gasto, porque son poco claras, no se sabe bien a bien cuáles son las que ha tenido, cómo se asigna recurso para tal o cual medio de comunicación, cuáles son los parámetros para poder determinar estos fondos, no se estimulan buenas prácticas en los medios de comunicación”, afirma.
En Michoacán es común que surjan páginas electrónicas de información de la noche a la mañana, sin periodistas reconocidos y que cuentan con el respaldo de la publicidad oficial desde las oficinas de gobierno del estado.
“De pronto surgen en cada sexenio o han surgido a los últimos sexenios medios de comunicación emergentes, que de un día para otros se hacen de contratos millonarios y jugosos y no sabemos si esos medios tienen impacto o cuáles son sus alcances o por qué la determinación en ese sentido. Creo que hay mucho por hacer en este rubro , tanto normar la cantidad del gasto público en materia de comunicación como la calidad”, apunta Hugo Rangel Vargas.
Los diputados aprobaron en el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2026 un monto de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos que representa un incremento del 9% por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2025.
El estimado para México en inflación promedio para 2026 del Fondo Monetario Internacional es de 3.5%.
