“El Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso”, aseveró el consejo, al advertir que no se garantizó una consulta adecuada a los pueblos originarios ni se incorporaron sus exigencias centrales.
El hartazgo ante políticas fallidas
El CSIM recordó que desde sexenios de distintas fuerzas políticas, Michoacán ha sido “un laboratorio de políticas de seguridad” cuyos resultados —apuntaron— no han resuelto la crisis de inseguridad y derechos humanos. “Estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica”, puntualizó el consejo, al evocar hitos como el Operativo Conjunto Michoacán, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, el Plan de Justicia P’urhépecha y el Plan Lázaro Cárdenas del Río.
Acusan simulación y falta de presupuesto real
En el posicionamiento, el CSIM pidió que el nuevo plan no repita “actos de simulación”. “El Plan de Justicia del Pueblo Purépecha no tiene un presupuesto propio para su operación ni brinda justicia real”, argumentó, al señalar que permanece pendiente la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el consejo, existen más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros reprimidos o criminalizados por la defensa de bosques, territorio y comunidades.
Falta de consulta previa, libre e informada
El CSIM cuestionó el proceso de conformación del plan al indicar que “no fueron consultadas debidamente las comunidades”, al convocarse a 48 de las aproximadamente 500 existentes, con dos minutos de intervención por comunidad. “¿Para qué simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?”, increpó el consejo.
Demandas no incorporadas por las comunidades
Entre las propuestas que, según el CSIM, fueron ignoradas, se enlistan: el reconocimiento constitucional de los jueces tradicionales; el incremento de fondos de seguridad comunales; la dotación de armamento y equipamiento para resguardo comunitario; la formación de cuerpos de seguridad para defensa de bosques; y la instauración de Bases de Operaciones Interinstitucionales en territorios con alta presión delictiva.
Exigencias inmediatas al Estado mexicano
El consejo solicitó que el Plan Michoacán incorpore mecanismos de verdad y justicia con participación de las comunidades; que cuente con presupuesto etiquetado y verificable; y que garantice una consulta amplia, previa, libre e informada a todos los pueblos originarios de la entidad. Asimismo, reiteró que el gobierno federal ha sido “incapaz” de acompañar la petición de un juicio internacional contra la Corona Española por los agravios del periodo colonial.
Llamado a la movilización de los pueblos
“Exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias”, subrayó el CSIM. En ese marco, el consejo convocó a las comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a movilizarse hasta que su palabra sea respetada y el plan incorpore compromisos vinculantes, verificables y con plazos claros.
