Morelia, Michoacán, a 20 de junio de 2025.- En Michoacán, la reciente elección de un magistrado civil ha desatado controversia luego de que se revelara que el funcionario electo enfrenta una demanda por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia. De acuerdo con el expediente 27/2011 de un Juzgado Familiar, Javier C. fue demandado tras incumplir el convenio judicial derivado de su divorcio, situación que pone en duda su idoneidad para ejercer funciones en el Poder Judicial.
Expediente judicial documenta incumplimiento
El expediente mencionado acredita que Javier C. fue notificado judicialmente por no cumplir con sus obligaciones alimentarias. Según la denuncia, el 1 de julio de 2014 se dio vista a la Fiscalía ante el incumplimiento, y aunque existió una orden de pago judicial, el deudor ha evadido su responsabilidad apoyado por influencias políticas, según acusan familiares y colectivos ciudadanos.
La denuncia pública señala que existen expedientes, denuncias y pruebas que han sido entregadas a las autoridades competentes. Los demandantes insisten en que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) debe tomar en cuenta estos elementos antes de validar el nombramiento.
Influencias políticas y evasión de la justicia
De acuerdo con la parte denunciante, pese a las resoluciones judiciales y a las órdenes emitidas por la autoridad, Javier C. ha eludido el pago de la pensión alimenticia durante años. Se argumenta que el expediente fue “extraviado misteriosamente” en el juzgado, lo que ha impedido la ejecución de la sentencia y ha dejado a los beneficiarios sin acceso a la justicia.
Familiares acusan que el funcionario ha utilizado su influencia política para obstaculizar el cumplimiento de la ley.
Ley 3 de 3: impedimento para ocupar cargos públicos
La Ley 3 de 3 es clara: ningún deudor alimentario, agresor o persona señalada por violencia sexual puede ocupar un cargo público. El caso de Javier C. ha reavivado el debate sobre la necesidad de garantizar perfiles éticos en el servicio público. Diversos colectivos han señalado que no puede impartir justicia quien evade el cumplimiento de sus propias obligaciones legales y familiares.
Exigen al IEM no entregar constancia de mayoría
En un documento dirigido al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, ciudadanos y organizaciones civiles solicitaron que no se entregue la constancia de mayoría a Javier C., quien resultó electo como Magistrado de la Sala Colegiada en Materia Civil de la Región Judicial de Zamora. El escrito argumenta que incumple con los requisitos de elegibilidad por ser deudor alimentario moroso, lo cual lo inhabilita para ejercer el cargo según la normatividad vigente.
Justicia y ética pública, en entredicho
El caso ha puesto en entredicho la congruencia del sistema judicial y electoral en Michoacán, pues mientras la ley exige probidad y cumplimiento de obligaciones, existen casos donde la influencia política permite evadir responsabilidades. Organizaciones civiles insisten en que la autoridad electoral debe garantizar que quienes ocupen cargos públicos cumplan con los principios más básicos de la justicia.
