Ciudad de México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, aclaró este miércoles el contenido y alcance de la resolución mediante la cual se otorgó un amparo al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, luego de que fuera mencionado en libros de texto gratuitos como un supuesto discriminador.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Laynez puntualizó que la Corte no evaluó si Córdova incurrió o no en actos de discriminación, sino que se centró en el hecho de que ninguna autoridad del Estado puede exhibir a un ciudadano en documentos oficiales, sin que exista previamente una resolución judicial firme en su contra.
“Voy a tratar de ser claro: en el asunto que vimos ayer no se trataba de decidir si el quejoso en este caso, Lorenzo Córdova, discriminó o no. Esa no era la cuestión que llegó a la Corte”, explicó el ministro.
“Lo que teníamos que resolver era si, independientemente de si hubo una resolución o no que lo condenara —que no hay ninguna—, el Estado podía señalarlo públicamente. Y la respuesta es no”, añadió.
Una prueba ilícita y sin consecuencias legales
El origen de la polémica se remonta a una grabación filtrada en 2015, donde se escucha a Córdova haciendo comentarios considerados ofensivos hacia comunidades indígenas. Sin embargo, como reiteró Laynez, dicha grabación fue obtenida de forma ilegal, por lo que no puede ser usada como prueba ni fundamento legal para exhibir públicamente al exfuncionario.
Por ello, la Corte concluyó que incluir su nombre y caso en los libros de texto, presentándolo como ejemplo de discriminación, viola los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.
Reacciones y contexto
La presencia de Lorenzo Córdova en los materiales educativos generó fuerte controversia desde que se distribuyeron los libros en el ciclo escolar pasado. Diversas voces, tanto políticas como académicas, calificaron la inclusión como un uso político de la educación pública.
El fallo de la SCJN se suma a otras resoluciones recientes en materia de derechos fundamentales y ha reavivado el debate sobre los límites del Estado al momento de comunicar, educar o sancionar sin juicio previo.
Aunque el amparo favorece directamente a Córdova, la resolución sienta un precedente importante para la protección de la reputación y derechos de cualquier ciudadano, subrayó el ministro Laynez Potisek.