Morelia, Michoacán, a 15 de junio de 2025. Periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos han encendido las alarmas por dos casos recientes que consideran atentados directos contra la libertad de expresión en México: la vinculación a proceso del periodista Jorge Luis González en Campeche, y la entrada en vigor de la Ley de Ciberseguridad en Puebla.
Jueza ordena cierre de medio digital y prohíbe ejercer el periodismo
En una decisión sin precedentes, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
La gobernadora presentó una denuncia en la que acusa al medio digital de haber promovido un “ataque sistemático” en su contra, con supuestas publicaciones ofensivas. Tras una audiencia de más de 12 horas, la jueza también ordenó el cierre de la plataforma digital de Tribuna y prohibió al periodista ejercer su labor comunicativa.
Medida alcanza a representante legal y se embargan propiedades
Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, también fue vinculado a proceso, lo que los defensores del medio calificaron como “una amenaza directa al periodismo independiente”.
A pesar de que la defensa demostró que González Valdez se jubiló en 2017 y ya no dirige el sitio, la jueza lo responsabilizó por las publicaciones en cuestión. Además, se le impuso el pago de una indemnización de dos millones de pesos al director de Comunicación Social del estado, Walther Patrón Bacab, por presunto daño moral.
El comunicador, de 71 años, aseveró que sus bienes fueron embargados de forma irregular para garantizar el pago de la multa. Por su edad, no se le dictó prisión preventiva.
Detención previa y denuncias por uso indebido de recursos públicos
El pasado 9 de abril, González Valdez fue arrestado por elementos estatales tras un altercado al defender a un motociclista durante una revisión vial. Fue retenido durante 36 horas.
Según la defensa, la gobernadora presentó la demanda en calidad de ciudadana, pero utilizó a abogados de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, lo que consideraron una violación a la legalidad procesal.
En Puebla, entra en vigor ley que sanciona insultos en redes
Mientras tanto, en Puebla, el gobierno de Alejandro Armenta publicó en el Periódico Oficial del Estado la llamada Ley de Ciberseguridad, que tipifica como delito el ciberasedio y permite sancionar hasta con tres años de prisión a quienes emitan ofensas o insultos en redes sociales.
Organismos como Artículo 19 y Sociedad Civil México advirtieron que esta nueva legislación, calificada como “Ley Censura”, podría ser utilizada como un instrumento para inhibir la crítica ciudadana y el ejercicio periodístico.
Preocupación por precedentes legales que inhiben la crítica
Ambos casos, advierten especialistas y organizaciones, representan un retroceso en las garantías constitucionales de libre expresión. “En vez de proteger a las mujeres o combatir el acoso real, estas medidas pueden utilizarse para castigar la opinión pública y la crítica legítima”, alertó un vocero de Artículo 19.
Los hechos en Campeche y Puebla han generado inquietud en el gremio periodístico, que reclama mayor vigilancia y acción por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
