En México, cada día desaparecen en promedio 30 personas. La magnitud de esta crisis ha llevado al gobierno federal a anunciar nuevas medidas para enfrentarla, entre ellas el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sin embargo, para quienes llevan años buscando a sus familiares, estas acciones siguen siendo insuficientes si no se incluyen cambios profundos, estructurales y con enfoque humano.
Colectivos de búsqueda y organizaciones como Amnistía Internacional han insistido en que el fortalecimiento de la CNB no puede darse sin mejorar también las capacidades de las comisiones estatales. Además, exigen que el gobierno mantenga un diálogo constante con las colectivas, quienes a lo largo del tiempo han desarrollado una experiencia invaluable en campo. Muchas de ellas han recibido capacitación especializada, incluso por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), lo que las convierte en aliadas fundamentales en la búsqueda e identificación de personas.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha sido clara al señalar que la legitimidad de la CNB depende del trabajo conjunto con las familias. También alertó que hasta ahora no se ha renovado el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, un órgano clave que debe vigilar y supervisar las acciones del Estado en materia de desaparición. Su ausencia, advirtió, vulnera el derecho a la verdad y a la justicia de miles de familias.
Otro punto que genera preocupación es la propuesta de crear una nueva Base Nacional Única de Información Forense y una Plataforma Nacional de Identificación Humana. Aunque en el discurso suena prometedor, organizaciones advierten que la ley ya contempla un Banco Nacional de Datos Forenses que nunca se implementó adecuadamente. La gran duda es: ¿cómo garantizarán las autoridades que estas nuevas plataformas funcionen con calidad, sin caer nuevamente en el subregistro y la fragmentación de datos?
También ha causado inquietud la intención de homologar penas y procedimientos del delito de desaparición con los del secuestro. Las diferencias entre ambos son profundas: mientras el secuestro suele implicar una demanda de rescate, la desaparición frecuentemente busca borrar huellas, infundir miedo o reclutar personas para el crimen organizado. Equipararlos legalmente sería un retroceso y desdibujaría años de lucha de colectivos que han trabajado para visibilizar este delito y exigir justicia.
Finalmente, entre las medidas anunciadas está el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Su reactivación es necesaria, pero debe contar con el presupuesto y personal adecuados, además de trabajar de la mano con las familias. El CNIH, creado en 2022, tenía el propósito de enfrentar el rezago en la identificación de cuerpos. Sin embargo, por falta de apoyo, su función se fue diluyendo. Hoy, el país enfrenta una cifra alarmante: más de 72 mil cuerpos sin identificar.
Frente a esta realidad, Amnistía Internacional ha reiterado el llamado al Estado mexicano para que adopte las recomendaciones de su informe Buscar sin miedo, que plantea estándares internacionales para proteger a las personas buscadoras y garantizar sus derechos humanos.
La crisis de desapariciones en México no da tregua. Y mientras las familias siguen buscando, el Estado está obligado a actuar con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, humanidad.
