Morelia, Michoacán, a 4 de julio de 2025. — El diputado Guillermo Valencia Reyes presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán con el objetivo de castigar a los funcionarios que exijan actas de nacimiento con una “vigencia determinada” sin sustento legal.
El legislador del PRI denunció que la exigencia de actas de nacimiento “recientes” para realizar trámites se ha convertido en una práctica común, a pesar de que carece de respaldo jurídico. Valencia calificó esta costumbre como una “rutina dañina” impuesta con fines meramente recaudatorios.
‘Nos hacen pagar por una nueva fecha de impresión’
Valencia Reyes argumentó que esta práctica afecta principalmente a personas que no dominan la tecnología y deben realizar los trámites de forma presencial, con pérdida de tiempo y dinero. “En términos sencillos, nos hacen pagar solo para modificar la fecha de impresión del acta”, aseveró.
Propuesta de reforma penal contra el abuso de autoridad
La iniciativa presentada propone adicionar una fracción XVII al artículo 243 del Código Penal estatal para que se considere abuso de autoridad exigir una vigencia específica en actas del estado civil, a menos que esté claramente establecida en la ley o reglamento correspondiente.
Objetivo: prevenir y sancionar prácticas abusivas
El diputado local explicó que la reforma tiene un carácter tanto punitivo como preventivo. “No se trata de castigar a quien se equivoca por ignorancia, sino a quien, con pleno conocimiento, impone condiciones ilegales que afectan a la población”, puntualizó.
Un llamado a romper el silencio legislativo
Valencia también hizo un exhorto al Congreso local para que esta propuesta sea vista como un acto de defensa ciudadana. “La burocracia no puede ser un pretexto para empobrecer más a quienes ya enfrentan desigualdades. Cuando el poder se usa para dificultar la vida de la gente, el derecho debe intervenir”, subrayó.
La fracción que se busca adicionar al artículo 243 establece lo siguiente:
“Exija como requisito para la atención, resolución o gestión de un trámite o procedimiento administrativo, que las actas del estado civil de las personas cuenten con una vigencia determinada, sin que dicha exigencia se encuentre expresamente prevista en una disposición legal.”
De ser aprobada, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.
