Morelia, Michoacán a 11 de abril de 2025.- La organización internacional Artículo 19 alertó que México atraviesa una grave crisis informativa, impulsada por la violencia contra la prensa, la impunidad, la opacidad gubernamental y el debilitamiento institucional, elementos que ponen en riesgo los fundamentos democráticos del país.
En su informe anual “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, la organización reveló que en 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas, lo que equivale a una agresión cada 14 horas y representa un incremento del 13.9% en comparación con el año anterior.
Entre los casos más alarmantes figura el asesinato de cinco periodistas, incluido Mauricio Cruz Solís, en Uruapan, la primera víctima fatal registrada durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
El Estado, el principal agresor
El reporte de Artículo 19 apunta que el Estado mexicano es responsable de casi el 45% de las agresiones documentadas. En muchos de estos casos, funcionarios públicos estuvieron directamente involucrados.
Entre los tipos de ataques, las agresiones digitales representaron uno de cada cinco incidentes, mientras que el uso del acoso judicial como herramienta de censura también se incrementó, con 21 casos registrados, de los cuales una tercera parte está relacionada con violencia política de género en el contexto electoral.
Entidades más peligrosas para ejercer el periodismo
Durante el último año, cinco entidades concentraron más de la mitad de las agresiones: Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Estas regiones se han convertido en zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.
Artículo 19 subrayó que más del 84% de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) permanecen sin resolverse, reflejando un patrón sostenido de impunidad.
Ante esta situación, la organización exigió la consolidación de una política nacional de protección a periodistas que contemple mecanismos de prevención, justicia y reparación integral.
Vigilancia y opacidad como amenazas emergentes
Además de la violencia directa, el informe señala que la vigilancia estatal y la opacidad institucional constituyen serias barreras para la libertad de expresión.
En este sentido, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue calificada como un “golpe histórico” a la rendición de cuentas. Artículo 19 advirtió que la ausencia del INAI compromete el acceso ciudadano a información pública y pone en riesgo millones de archivos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Preocupación por vigilancia masiva
La organización también expresó inquietud ante iniciativas como la creación de una base de datos nacional de usuarios de telefonía móvil, señalando que, sin marcos legales robustos, estas medidas podrían derivar en prácticas de vigilancia masiva y exclusión.
Asimismo, criticó los contratos celebrados sin licitación pública por dependencias como el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República para la adquisición de tecnologías invasivas, lo que pone en entredicho los controles institucionales de privacidad.
Desmemoria y omisiones oficiales
Finalmente, el informe condenó la manera en que el Estado ha manejado la memoria histórica y los derechos humanos. A pesar de gestos simbólicos como la disculpa pública por la masacre de Tlatelolco, Artículo 19 subrayó el silencio oficial ante las más de 124 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país.
En consecuencia, la organización llamó a abrir un diálogo genuino con la sociedad civil y adoptar políticas públicas que garanticen la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de los derechos fundamentales.
