Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) medió un acuerdo reparatorio con la inmobiliaria DyF, responsable de la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en el gobierno de Silvano Aureoles.
El exgobernador se mantiene el calidad de prófugo ante las presuntas acusaciones de diferentes manejos de recursos.
Como parte de este acuerdo, la empresa debía pagar 970 millones 976 mil 940.61 pesos al Gobierno del estado de Michoacán. El pago no ha sido realizado.
¿Quiénes participaron en la negociación?
El convenio fue aprobado el 19 de noviembre de 2024, y fue gestionado por María Isabel Mora Reyes, del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, y Azucena Marín Correa, titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán.
La empresa DyF estuvo representada en la audiencia por Ana Lorena Gómez Trevilla.
Según el abogado Christian Vizuet, defensor de la exdelegada Administrativa de la SSP de Michoacán, Elizabeth Villegas Pineda, el acuerdo se firmó el 25 de noviembre de 2024 y extinguió la acción penal contra los dueños de la empresa.
“Existe un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato”, argumentó Vizuet durante la audiencia del pasado viernes.
El acuerdo se firmó hace cuatro meses
La secretaria de Contraloría de Michoacán, Azucena Marín, confirmó la existencia del acuerdo, pero aclaró que el proceso aún no ha concluido.
“En este momento no se ha concluido la reparación del daño, se está en pláticas con la empresa. Es un acto separado que se convino para recuperar recursos públicos”, explicó.
La jueza Patricia Sánchez Nava rechazó extinguir la acción penal en contra de cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles, argumentando que la FGR no ha determinado oficialmente el monto del presunto daño patrimonial.
Los abogados defensores cuestionaron la falta de un dictamen por parte de la FGR que precise el daño económico. La imputación original menciona un perjuicio de más de 3 mil 412 millones de pesos, equivalente al costo total de los cuarteles, aunque estos se encuentran en operación.
¿Cuánto es el monto del daño patrimonial?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó el daño en mil 52 millones 222 mil 460 pesos, cifra que carece del respaldo de un dictamen de la FGR u otra autoridad competente.
Silvano Aureoles se mantiene prófugo
La FGR busca al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por presuntamente haber contratado con sobreprecios la construcción y arrendamiento de los siete cuarteles de policía, con un costo de 5 mil 186 millones de pesos.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y se basa en una denuncia presentada en 2021 por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.
¿Qué sigue para el caso?
Los contratos bajo investigación incluyen los cuarteles ubicados en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo. Aunque la empresa constructora se comprometía a reparar el presunto daño, el pago sigue sin efectuarse, lo que mantiene abiertas las investigaciones y los procesos judiciales en curso.
