Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2025.- El diputado Vicente Gómez Núñez presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán, con el objetivo de sancionar con cárcel y multas a quienes utilicen o exploten a niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores para obtener dinero en espacios públicos.
La propuesta modifica el artículo 163 bis para incluir no sólo a menores de edad, sino también a personas mayores de 60 años y personas con discapacidad como sujetos de protección. La reforma plantea penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a tres mil días a quien regentee, administre, induzca u obtenga beneficios económicos a través de estas personas.
Reforman el Capítulo V del Código Penal estatal
Actualmente, el Capítulo V del Título Cuarto del Código Penal solo contempla la “Exigencia de dinero a menores de edad”. La reforma propone cambiar su título a “Exigencia de dinero a menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores”, extendiendo así la protección legal a estos sectores vulnerables.
Vulnerabilidad como blanco de abuso
En la exposición de motivos, el legislador argumentó que “la marginación derivada de las condiciones físicas o mentales, y la falta de oportunidades, convierte a estas personas en blancos fáciles de abuso”. Añadió que muchas veces son forzadas a pedir limosna por terceros que lucran con su situación, atentando contra su integridad y dignidad.
Alineada con tratados internacionales
La iniciativa está sustentada en tratados como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como en la Constitución mexicana y leyes locales de inclusión y protección. La propuesta busca erradicar prácticas discriminatorias y promover justicia social.
Datos alarmantes sobre población vulnerable
Según la ENADID 2023, en México existen 8.8 millones de personas con discapacidad, la mayoría adultas mayores. A esto se suman los 15.1 millones de personas mayores de 60 años, de las cuales el 20% no cuenta con acceso a servicios de salud, lo que incrementa su exposición a redes de explotación.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis y dictaminación.
