Morelia, Michoacán.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos millonarios.
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
Supuestas operaciones de tráfico de narcóticos
El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados, quienes son funcionarios en activo y retirados, enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
Según la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres mencionados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, mencionó Clayton.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Agregó que, como lo revela la acusación, estas organizaciones no operarían con tanta libertad sin políticos y funcionarios corruptos a sueldo.
Red de complicidad estatal
Entre los señalados se encuentran figuras clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
De acuerdo con el documento judicial, estos funcionarios habrían desempeñado roles esenciales para el cártel, proporcionando información confidencial, ordenando a corporaciones policiacas proteger cargamentos de droga y permitiendo actos de violencia sin consecuencias.
A cambio, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos.
El pacto con ‘Los Chapitos’
La acusación destaca una relación directa entre el gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Se señala que “Los Chapitos” habrían ayudado a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
A cambio, el mandatario estatal presuntamente sostuvo reuniones con los líderes del grupo, antes y después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, comprometiéndose a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, bajo su administración, el grupo ha operado con impunidad en Sinaloa.
Ejecuciones y tortura
Uno de los puntos más graves de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Millán es señalado de recibir pagos mensuales de “Los Chapitos” a cambio de otorgarles control sobre la fuerza policial.
Además, se le imputa haber participado en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, debido a sospechas de colaboración con autoridades estadounidenses.
Otros funcionarios, como Dámaso Castro Zaavedra, habrían recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares para alertar al cártel sobre operativos.
Alcance internacional del cártel
De acuerdo con la acusación, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido a Sinaloa en un punto clave del narcotráfico global.
Desde ahí, habría establecido vínculos con productores de cocaína en Colombia y Venezuela, redes criminales en Centro y Sudamérica, y proveedores de químicos en China y otros países.
“El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno”, argumentó Terrance Cole.
La acusación revela un esfuerzo deliberado por socavar instituciones públicas y facilitar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
La Presidencia afirma que no hay ‘elementos de prueba en petición’
La Presidencia de la República aseguró que no existen elementos de prueba en las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco legal mexicano.
Solicitudes de extradición fueron recibidas por la SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril a las 18:00 horas recibió solicitudes formales de extradición por parte del gobierno estadounidense, dirigidas contra diversas personas cuyas identidades se reservó, pero que el gobierno de Estados Unidos hizo públicas.
De acuerdo con el comunicado oficial, la dependencia procedió conforme a la Ley de Extradición Internacional, canalizando los documentos a la FGR para su evaluación jurídica.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos”, detalló la Cancillería.
Tras una revisión inicial, la SRE advirtió que los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos carecen de pruebas suficientes para sustentar la responsabilidad de las personas señaladas.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas”, precisó la dependencia.
FGR definirá viabilidad de las detenciones
A pesar de la falta de pruebas iniciales, la SRE subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme a la legislación nacional.
“Será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, señaló la cancillería.
Esto implica que el proceso aún se encuentra en una fase preliminar y que cualquier acción dependerá del análisis técnico-jurídico de la FGR.
Gobierno mexicano enviará extrañamiento a la Embajada de EU
La SRE también adelantó que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos, debido a la forma en que la información fue difundida públicamente.
“Se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, indicó la dependencia.
La Cancillería defendió que los tratados internacionales vigentes establecen cláusulas de confidencialidad, por lo que la divulgación de este tipo de información podría contravenir los acuerdos bilaterales.
