En su posicionamiento institucional, la organización reconoció como positivo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones haya abierto una consulta pública. Sin embargo, consideró necesario modificar la propuesta para garantizar que la protección de las audiencias no termine convertida en un mecanismo de presión contra periodistas y medios de comunicación.
Derechos de las audiencias y libertad de expresión son compatibles
La AIMX sostuvo que la defensa de los derechos de las audiencias no debe presentarse como una postura contraria a la libertad de expresión. Ambas garantías, señaló, forman parte del derecho de la sociedad a producir, buscar, recibir y difundir información plural.
La asociación consideró legítimas las obligaciones relacionadas con la transparencia publicitaria, el derecho de réplica, la accesibilidad para personas con discapacidad, la protección de menores de edad y la diferenciación entre información y opinión.
No obstante, puntualizó que existe una frontera que la autoridad no debe cruzar: regular procedimientos puede ser constitucional, pero someter las decisiones editoriales a la valoración de funcionarios representa un riesgo para la libertad de prensa.
Conceptos abiertos podrían permitir decisiones discrecionales
La principal preocupación de la AIMX se concentra en las disposiciones que obligan a no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual.
Aunque reconoció que combatir la desinformación es un objetivo legítimo, advirtió que el proyecto no define con precisión cuándo una información puede considerarse descontextualizada, qué pruebas deberán presentarse ni qué nivel de verificación será suficiente para demostrar que un medio actuó responsablemente.
La AIMX alertó que “el problema aparece cuando obligaciones formuladas con conceptos abiertos permiten que la autoridad administrativa termine evaluando contenidos editoriales, sustituyendo el juicio profesional de periodistas y medios de comunicación”.
Para disminuir esta incertidumbre, propuso tomar en cuenta elementos como la existencia de fuentes identificables, el contraste razonable de datos, la verificación previa, la posibilidad de realizar correcciones, la buena fe periodística y la diferenciación entre hechos y opiniones.
Incertidumbre regulatoria puede provocar autocensura
La organización advirtió que una disposición puede rechazar formalmente la censura previa y, al mismo tiempo, generar condiciones para que los medios eviten publicar información controvertida.
Cuando periodistas y concesionarios desconocen los criterios con los que será evaluada una publicación, explicó, pueden optar por reducir su cobertura o mantenerse alejados de determinados asuntos para evitar sanciones.
Por esa razón, recomendó incorporar una regla que obligue a resolver cualquier duda razonable de la manera más favorable para la libertad de expresión, la libertad editorial y la independencia programática.
Piden recuperar la protección de las audiencias infantiles
Otro de los señalamientos centrales es la eliminación de parte del catálogo especializado para la protección de niñas, niños y adolescentes que había desarrollado el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Para la AIMX, dejar únicamente referencias generales al interés superior de la niñez representa una regresión, debido a que los riesgos del consumo de contenidos audiovisuales cambian conforme a la edad.
También planteó recuperar las restricciones específicas contra la publicidad engañosa dirigida a menores de edad, la explotación de su inexperiencia, los mensajes subliminales y los contenidos que puedan incentivar conductas peligrosas.
Alfabetización mediática frente a desinformación e inteligencia artificial
La asociación cuestionó que la propuesta prácticamente haya eliminado las disposiciones relacionadas con la alfabetización mediática, pese a la creciente circulación de información mediante redes sociales, plataformas digitales, aplicaciones de mensajería y sistemas de inteligencia artificial generativa.
En su posicionamiento argumentó que “una ciudadanía informada constituye un mecanismo de protección mucho más eficaz que cualquier catálogo de sanciones”.
Por ello, recomendó establecer campañas permanentes, colaborar con instituciones educativas, producir materiales accesibles para personas con discapacidad y evaluar periódicamente los resultados de estas políticas.
Códigos de ética deben conservar su autonomía
La AIMX respaldó que los medios cuenten con códigos de ética y personas defensoras de las audiencias, pero pidió que estos instrumentos continúen funcionando como mecanismos de autorregulación.
La Comisión, añadió, únicamente debería verificar que los códigos existan y cumplan con los requisitos formales establecidos en la legislación, sin evaluar líneas editoriales, principios periodísticos o misiones institucionales.
Una revisión de fondo podría convertir la autorregulación en una forma de supervisión editorial incompatible con la libertad de expresión, alertó la asociación.
AIMX presenta diez propuestas prioritarias
Entre sus recomendaciones, la organización pidió mantener el reconocimiento amplio de los derechos de las audiencias; definir los conceptos de veracidad, oportunidad y diligencia editorial; crear un estándar de diligencia razonable para los medios y fortalecer las garantías del debido proceso.
También solicitó publicar los criterios y precedentes administrativos, establecer reglas claras para la presentación de pruebas, evitar dobles sanciones, proteger la información comercial confidencial y garantizar medios efectivos de defensa.
La AIMX concluyó que la protección de las audiencias y la libertad de expresión pueden coexistir, siempre que las reglas sean objetivas y las autoridades no sustituyan el criterio profesional de periodistas y medios.
“Ese equilibrio es, precisamente, el que debe reflejar la versión definitiva de los Lineamientos”, remarcó la asociación.
