Morelia, Michoacán.— El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con “pruebas hechizas” contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
¿Qué acusa Estados Unidos a Rocha Moya e Inzunza?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril una acusación contra Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos en territorio estadounidense.
La imputación les atribuye una presunta colaboración con integrantes de esa organización criminal a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional. Estos señalamientos corresponden a la acusación estadounidense y no constituyen, por sí mismos, una determinación de culpabilidad.
En su libro, López Obrador describe cómo conoció el caso:
“El miércoles 29 de abril me enteré de la acusación del Departamento de Justicia y agencias en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza Cázarez de ese estado y de 8 funcionarios o exfuncionarios más, por presuntos delitos vinculados con sobornos de narcotraficantes”, relata.
López Obrador cuestiona las pruebas y el procedimiento estadounidense
Al revisar el desarrollo del caso, el expresidente sostiene que las autoridades estadounidenses recurrieron a prácticas que considera habituales, entre ellas el uso de testigos protegidos, filtraciones y expedientes fabricados.
“Pues bien, ¿qué ha sucedido desde entonces, es decir, en estos cinco meses? Pues que, desde que entregué el original de este libro el 1.º de septiembre, no ha pasado, en esencia, nada nuevo; lo predecible: nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos”, asevera.
La afirmación sobre una supuesta fabricación de pruebas forma parte de la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador frente al expediente.
AMLO atribuye el caso a intereses políticos y electorales
López Obrador considera que el procedimiento busca influir en la opinión pública estadounidense mediante un discurso que responsabiliza a México de la drogadicción y relaciona la migración con actividades delictivas.
“No hay duda de ese sucio proceder, ni que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos y que ellos, los del partido gobernante, están acabando con la migración de gente mala y de narcotraficantes que envenenan a sus jóvenes”, argumenta.
El exmandatario incorpora el caso a una crítica más amplia contra la estrategia de Washington frente al narcotráfico. En su interpretación, las acusaciones contra autoridades extranjeras también funcionan como instrumentos de presión sobre gobiernos que no se ajustan a las decisiones estadounidenses.
“Y últimamente, para controlar a gobiernos de países no alineados, solo simulan enfrentar este grave problema mediante el uso de la fuerza, la propaganda y la amenaza de acusar de narcoterroristas a las autoridades extranjeras que no se someten al mandato de quienes actúan como vulgares chantajistas y filibusteros”, sostiene.
Sheinbaum condicionó cualquier actuación a la existencia de pruebas
En el libro Pueblo, López Obrador respalda la respuesta de Claudia Sheinbaum ante los señalamientos. Según su relato, la presidenta estableció que las autoridades mexicanas actuarían si se presentaban pruebas.
El expresidente refiere que Sheinbaum también planteó denunciar cualquier intento de intervención si la acusación carecía de elementos y perseguía objetivos políticos.
“También sostuvo que si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, añade.
FGR informó en julio que no tenía pruebas suficientes
La Fiscalía General de la República informó en julio que, hasta ese momento, no contaba con pruebas contra Rocha Moya, Inzunza y los demás señalados que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana.
