Morelia, Michoacán, a 17 de enero de 2026. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el viernes a Alex Saab como ministro de Industrias y Producción Nacional, un movimiento que reactivó en México los señalamientos por el presunto lavado de dinero ligado a la comercialización de despensas para programas sociales venezolanos, en particular las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
Saab, empresario colombiano, fue señalado en México desde 2018 por un esquema que habría movido 156 millones de dólares a través de la reventa y triangulación de despensas vinculadas con apoyos alimentarios para Venezuela. El caso también ha tenido un capítulo central en Estados Unidos, donde enfrentó acusaciones por desvíos millonarios y sobornos a funcionarios.
Destitución en Caracas: Delcy Rodríguez aparta a Alex Saab del gabinete
La salida de Saab del gabinete se confirmó este viernes 16 de enero y fue reportada por medios internacionales como parte de una reconfiguración política en Caracas. En reportes periodísticos, el nombre de Saab aparece asociado durante años a operaciones financieras opacas vinculadas al abastecimiento de alimentos del programa CLAP. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
¿Quién es Alex Saab y por qué lo vinculan con Nicolás Maduro?
Alex Saab es un empresario colombiano que, de acuerdo con diversas investigaciones y reportes, fungió como proveedor clave del esquema de importación de alimentos para el CLAP y ha sido descrito en medios como presunto testaferro del círculo de poder venezolano. Tras ser liberado en 2023 mediante un acuerdo de canje, en 2024 fue incorporado al gobierno como ministro, antes de ser apartado del cargo esta semana.
Cómo funcionaba el esquema con despensas: compras, reventa y triangulación
El patrón descrito en fuentes estadounidenses sobre el CLAP apunta a un mecanismo de contratos para importación de alimentos con sobreprecios y pagos irregulares, con utilidades que presuntamente se usaron para sobornar a funcionarios y sostener la operación. En México, el señalamiento se enfocó en la ruta comercial y financiera asociada a despensas, mediante reventa y movimientos que habrían buscado dar apariencia de legalidad a recursos de origen cuestionado.
México y las sanciones de 2018: el señalamiento por 156 millones de dólares
En 2018, autoridades mexicanas sancionaron a personas y empresas relacionadas con el esquema, en un expediente que, según los reportes, estimó operaciones por 156 millones de dólares vinculadas al presunto lavado de dinero mediante despensas para Venezuela. El caso volvió al debate público tras la destitución de Saab, por el papel que México jugó como nodo comercial en esa cadena de suministro.
El expediente en Estados Unidos: acusaciones por sobornos y desvíos millonarios
En Estados Unidos, Saab fue procesado por cargos relacionados con conspiración para lavado de dinero y, de acuerdo con comunicados oficiales estadounidenses, se le atribuyeron beneficios derivados de “contratos corruptos” de alimentos del CLAP y pagos indebidos a funcionarios para facilitar importaciones. Reportes periodísticos también han descrito señalamientos por desvíos por cientos de millones de dólares.
La reunión del director de la CIA con Delcy Rodríguez y el giro político
El contexto de la destitución coincide con un hecho diplomático de alto nivel: el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez. De acuerdo con un reporte, el encuentro buscó abrir una etapa de comunicación y cooperación, y un funcionario estadounidense señaló que el objetivo fue transmitir que Washington espera “una mejor relación de trabajo”.
Qué implica para México: riesgos en compras públicas, importaciones y controles antilavado
Para México, el caso vuelve a subrayar un foco rojo: cuando redes de proveeduría de programas sociales cruzan fronteras, los puntos vulnerables suelen aparecer en intermediarios, facturación, logística y pagos internacionales. En términos de prevención, el expediente refuerza la necesidad de trazabilidad en cadenas de suministro, revisión de beneficiarios finales y coordinación entre autoridades financieras y procuración de justicia ante operaciones atípicas ligadas a comercio de alimentos.
