México.- Mediante un procedimiento abreviado, Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso Obregón, Hidalgo, recuperó su libertad luego de permanecer un año y diez meses en prisión, tras ser condenado por el delito de uso ilícito de atribuciones agravado.
Como parte de la terminación anticipada del proceso penal, el exfuncionario admitió su responsabilidad, lo que le permitió acceder a una reducción de la pena. Aunque la sentencia fue condenatoria, la sanción de prisión quedó fijada en cuatro años, por lo que podrá sustituirla por medidas alternativas, como trabajos en beneficio de la comunidad.
Además, el Poder Judicial lo condenó al pago de reparación del daño a favor de la administración pública por un monto de 4 millones 670 mil 369.58 pesos, cantidad que deberá cubrir para cumplir con la resolución judicial. La autoridad determinará posteriormente las jornadas o acciones comunitarias que deberá realizar.
Mera Olguín fue detenido el 23 de abril de 2024, cuando se desempeñaba como alcalde con licencia de Progreso Obregón y era candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT). La denuncia en su contra fue presentada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), derivada del análisis de la cuenta pública 2022, en la que se detectaron presuntas irregularidades por cinco millones de pesos en la administración, manejo y aplicación de recursos públicos.
El exalcalde mantenía una alianza política con el PT, cuya dirigencia estatal está encabezada por Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, líderes del llamado Grupo Universidad, también conocido como La Sosa Nostra, grupo que ha ejercido influencia sobre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde finales de la década de 1970.
Durante su reclusión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, Mera Olguín acusó al gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca Salazar de presuntos tratos inhumanos y degradantes, además de señalar una supuesta manipulación del Poder Judicial para mantenerlo preso, luego de haber denunciado la existencia de un presunto “cártel de la obra pública” vinculado a dirigentes de Morena, partido del que también fue fundador.
Con la resolución judicial emitida este 5 de febrero, el caso quedó formalmente concluido bajo el esquema abreviado, quedando pendiente únicamente la definición de las medidas comunitarias que el sentenciado deberá cumplir.
