Morelia, Michoacán.— La búsqueda de personas desaparecidas es una obligación del Estado y no un favor para las familias, sostuvo la diputada panista Ana Vanessa Caratachea Sánchez durante la votación del dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Congreso de Michoacán.
“Ninguna madre debería necesitar una pala para hacer el trabajo que corresponde a las instituciones”, manifestó ante el pleno y las madres buscadoras presentes en el recinto.
Respalda ley de búsqueda y pide atender observaciones
Caratachea Sánchez destacó que el dictamen incorpora disposiciones específicas para la atención a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, llamó a las y los legisladores a revisar los señalamientos planteados para perfeccionar la normativa.
Durante su intervención, advirtió que el propio documento reconoce una “crisis forense”. Explicó que esta constituye una dimensión del problema de las desapariciones, al reflejar la incapacidad para identificar oportunamente miles de cuerpos.
Cuestiona que se niegue la crisis de desapariciones
La diputada del PAN cuestionó que, un día antes, legisladoras del oficialismo hubieran negado la existencia de una crisis humanitaria en México. Sostuvo que reconocerla no debe depender de una posición partidista.
“Una crisis humanitaria no depende de la disposición de un gobierno para reconocerla”, aseveró, y agregó que la respuesta debe evaluarse a partir de la capacidad de las instituciones para resolver el problema.
Como sustento de su postura, citó el informe “Desapariciones en México”, que atribuyó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, según expuso, documentó 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, así como 70 mil cuerpos sin identificar.
“En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, expresó la legisladora.
Familias buscadoras impulsaron la ley mediante un amparo
Vanessa Caratachea afirmó que la ley permaneció detenida durante dos legislaturas y que su aprobación fue precedida por una resolución judicial derivada de un amparo promovido por las propias familias buscadoras.
Su intervención puso el acento en la participación de las familias para exigir una respuesta institucional y llevar sus demandas al ámbito legislativo.
Exige rendición de cuentas y respuesta a las madres buscadoras
La legisladora defendió la crítica como parte de la democracia y cuestionó a quienes expresan cansancio frente a los señalamientos sobre su desempeño público.
“Si alguien está tan cansado de las críticas legítimas que ya no está dispuesto a asumir las exigencias del escrutinio público, tiene la libertad de dejar su lugar a quien sí esté dispuesto a ejercer esa responsabilidad, ya que ocupar una curul es una decisión, rendir cuentas es una obligación”.
Ante las madres buscadoras que acudieron al Congreso, manifestó que no les pediría paciencia, comprensión ni una lucha silenciosa. Por el contrario, las llamó a mantener sus exigencias y a hacer “que sus voces sigan resonando” en las fiscalías, oficinas gubernamentales y recintos legislativos.
“Ninguna madre debería necesitar una pala para hacer el trabajo que corresponde a las instituciones. Ninguna familia debería convertirse en investigadora para ejercer su derecho a saber y ninguna persona debería suplicar que el Estado busque a quien tiene la obligación de encontrar”, puntualizó.
