Morelia, Michoacán, a 30 de julio de 2025. Ángel Javier “N”, identificado como objetivo prioritario por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, fue detenido en el estado de Puebla y entregado a las autoridades tabasqueñas para ser procesado por al menos 10 homicidios.
Detención coordinada entre estados y federación
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la captura fue resultado de un operativo conjunto con la Fiscalía de Tabasco y autoridades federales, lo que permitió ubicar y detener al individuo conocido como “El Caiser” o “El Angelito”.
Tras su detención, Ángel Javier “N” fue trasladado vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán hasta el estado de Tabasco, donde será presentado ante un juez.
Un generador de violencia con historial de crímenes
La Fiscalía de Puebla señaló que la captura del presunto criminal representa un golpe importante contra los generadores de violencia que intentan refugiarse fuera de su zona de operación. La dependencia subrayó que esta acción “evitó que generadores de violencia se refugien en el Estado”.
Ángel Javier “N” está señalado como presunto responsable de al menos 10 homicidios y tiene nexos con “La Barredora”, organización que opera en varios municipios tabasqueños.
¿Quién es “La Barredora”?
Este grupo delictivo surgió a partir de facciones policiales desarticuladas y ha extendido su influencia en municipios como Cárdenas, Comalcalco y Huimanguillo, en el estado de Tabasco.
Entre las actividades criminales atribuidas a “La Barredora” se encuentran la extorsión, el narcomenudeo, el tráfico de personas y el robo de combustible, lo que ha generado preocupación entre autoridades y pobladores.
La cooperación interinstitucional, clave contra la violencia
Con este tipo de operativos, las fiscalías estatales buscan fortalecer la cooperación para evitar que integrantes de organizaciones delictivas evadan la justicia trasladándose a otras entidades.
El caso de Ángel Javier “N” refuerza la importancia de las estrategias conjuntas para combatir al crimen organizado y garantizar que los responsables enfrenten procesos penales en las entidades donde cometieron sus delitos.
