Morelia, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- Los contratos de las obras del Cablebús en Uruapán y Morelia prevén la posibilidad de un ataque terrorista, entre otros episodios, como una huelga y hasta una epidemia.
“Entre otros se considera caso fortuito o fuerza mayor acontecimientos tales como huelgas y disturbios siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras, actos o atentados terroristas, bloqueos o disturbios civiles, insurrecciones, incendios siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, y tormentas, previa declaración de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal”, indica la cláusula sexta del Contrato del Cablebús.
Las empresas firmaron estas cláusulas
Dicha cláusula está presente también en la obra del Cablebús de Morelia, aunque en cada caso se trata de empresas diferentes.
El Cablebús en Morelia fue asignado por 1.9 mil millones de pesos a las empresas Alfa Proveedores y Contratistas SA de CV y Leitner Ropeways S de RL de CV.
En el caso de Uruapan se asignó por 3.2 mil millones de pesos a las corporaciones Doppelmayr México Sa de CV y Gami Ingeniería e Instalaciones SA de CV.
“Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos ajenos a la voluntad de ‘las partes’ que se producen sin que haya negligencia por parte de éstas, que son insuperables, imprevisibles, o que aun previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato”, se lee en el contrato.
Las protestas en Uruapan
En el caso de Uruapan se desató un movimiento de ciudadanos que están en contra de la construcción del Cablebús, principalmente porque las torres quedan cerca de sus domicilios o invaden terrenos de sus fraccionamientos, como el caso de Bosques de Uruapan.
En los contratos se prevé un “plan antidemoras” en varias partes del documento. En una de las cláusulas se habla de que en caso de que haya algún retraso derivado de suscesos fortuitos se tendrá que aplicar una disminución en el pago total de 5/1000.
Esta cláusula protege al Estado: garantiza que el contratista contribuya al pago de los servicios de vigilancia y control que el mismo Estado implementa para supervisar la obra. No es una penalidad, es una deducción automática y contractual, con base legal. Ninguna de las cuatro empresas implicadas en la construcción del Cablebús pueden negarse, ya que lo aceptó al firmar el documento.
‘No pueden estar los inmuebles ocupados’
El único punto que los contratistas cubrieron era la ocupación de los inmuebles en donde se instalarían las torres del Cablebús o cualquier territorio relacionado con las obras.
“En caso de que ‘el contratista’ no reciba los inmuebles en que deba llevarse a cabo la ejecución de los trabajos, se reprogramará el calendario de actividades y subactividades a ejecutarse en el inmueble de que se trate”, se lee en una de las cláusulas del documento.
Es por ello que las expresiones vecinales, incluidas la de Bosques de Uruapan, han tenido el respaldo de la fuerza pública, ya que por contrato sería la única manera en la que los contratistas podrían tardar en la construcción sin ser penalizados.
Los amparos que sí están, pero no aplican
A pesar de las múltiples protestas de vecinos en la capital aguacatera, la existencia de amparos que ordenan suspender las obras y el asesinato del abogado Isidro Ramos, quien encabezaba la defensa legal, la construcción del teleférico de Uruapan continúa su marcha respaldada por autoridades estatales y las empresas contratistas.
Se habla de que el proyecto en Uruapan, que es el más avanzado, ya superó el 80% de la obra.
Vecinos de diversas colonias de Uruapan han manifestado su rechazo al teleférico desde el anuncio del proyecto, argumentando una mala planeación, la omisión de estudios ambientales serios y daños irreparables a sus propiedades. Pese a ello, la obra ha seguido su curso sin ajustes sustanciales ni diálogo efectivo con la comunidad.
Amparos no han frenado el avance de la obra
Al menos tres amparos han sido otorgados por jueces federales, ordenando la suspensión de las obras en tramos específicos. Sin embargo, el avance de la construcción no se ha detenido. El caso más polémico se dio el 6 de febrero, cuando elementos de la Guardia Civil y policías municipales desalojaron a vecinos de la calle Elías Calles, en la colonia Lázaro Cárdenas, a pesar de que estos contaban con un amparo vigente.
Los uniformados ingresaron al fraccionamiento Bosques de Uruapan para permitir que personal de la empresa contratista limpiara el terreno y retirara objetos que impedían el paso de la maquinaria.
Isidro Ramos, abogado que encabezaba la defensa legal de los vecinos y quien había obtenido una suspensión provisional de la obra, fue asesinado días después de su más reciente victoria judicial. Su muerte generó temor entre los opositores al teleférico y ha sido señalada por algunos activistas como un acto de intimidación.
A partir de entonces, no hay reporte de que se hayan interpuesto más amparos.
