México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó este martes la sentencia en el histórico caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años originaria de la Sierra de Zongolica, Veracruz, en el que el Estado mexicano fue declarado responsable internacionalmente por graves violaciones a derechos humanos ocurridas en 2007.
Hechos: agresión, tortura y muerte
La CoIDH determinó que el 25 de febrero de 2007 miembros del Ejército mexicano violaron sexualmente a Ernestina Ascencio, en la comunidad de Tetlalzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, en un contexto de militarización derivado de la estrategia de combate a la delincuencia en ese periodo. La agresión constituyó un acto de tortura intencional, diseñado para degradar, humillar y controlar a la víctima.
Tras los hechos, sus familiares la trasladaron durante cerca de 10 horas buscando atención médica, hasta que finalmente fue recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció la madrugada del 26 de febrero sin recibir atención médica quirúrgica oportuna, en parte por barreras lingüísticas, al no contar con intérpretes de náhuatl.
Violaciones encontradas por la Corte
Además de confirmar la responsabilidad del Estado por la agresión sexual y la muerte, la Corte concluyó que México incumplió su deber de brindar atención médica adecuada y de investigar con debida diligencia, así como de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para los familiares de la víctima. La investigación de 2007 fue considerada prematura y sin perspectiva de género, étnica o de edad, lo que favoreció la impunidad de los responsables.
Admisión de responsabilidad por parte de México
En respuesta a la sentencia, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos humanos de Ernestina Ascencio, incluyendo el derecho a la vida y a la salud, derivado de la falta de servicios médicos oportunos y adecuados. También reconoció violaciones a los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial tanto de la víctima como de sus familiares, así como la afectación al derecho a la integridad personal de éstos.
Su postura es solidaria con las víctimas y se comprometió a conocer a fondo los razonamientos de la sentencia para actuar conforme a lo ordenado por la Corte, integrando una perspectiva de género y un enfoque interseccional en las acciones que correspondan.
Compromisos y defensa de derechos
El Gobierno afirmó que seguirá trabajando para garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la no repetición de hechos similares. Asimismo, reiteró su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres y proteger los derechos de los pueblos indígenas en México.
Este fallo representa un punto de inflexión en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el país, y plantea un desafío para las autoridades mexicanas en la implementación de medidas que respondan a la sentencia de la Corte Interamericana.
