Morelia, Michoacán, a 15 de mayo de 2025.— El director administrativo de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, Francisco Javier Antonio Martínez, fue cesado de su cargo cuatro días después de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expusiera sus vínculos con los dueños de la empresa Intanza, responsable de la importación de millones de litros de combustible ilegal.
Una destitución que coincide con un decomiso histórico
El pasado 2 de mayo, la Marina confirmó la destitución de Francisco Javier Antonio Martínez, quien también enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y una investigación por parte de autoridades federales.
La baja se produjo apenas días después del decomiso de 10 millones de litros de huachicol, considerado uno de los más grandes registrados en el país. Junto con Martínez, también fueron removidos Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, subgerente de Protección Portuaria de la ASIPONA, y el contralmirante emn retiro Luis Jorge Goicochea Sotomayor, quien hasta abril era el administrador de la aduana de Tampico.
Vínculos con la empresa Intanza
De acuerdo con MCCI, Francisco Javier Antonio Martínez es socio en la empresa Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León Belure, junto con Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, accionistas de Intanza. Esta empresa fue la responsable de importar el combustible que arribó al puerto de Tampico en el buque Challenge Procyon, procedente de Beaumont, Texas.
La documentación judicial derivada de amparos interpuestos por Intanza permitió confirmar su responsabilidad directa en el ingreso ilegal de diésel disfrazado como aditivos para aceites.
Una riqueza súbita y sospechosa
La investigación periodística también reveló que Antonio Martínez pasó de tener una taquería y una caseta telefónica en el centro de la Ciudad de México a acumular una colección de 18 vehículos —entre ellos autos clásicos, camionetas de lujo y motocicletas Harley-Davidson— en tan solo dos años.
En su declaración patrimonial de conclusión de cargo, presentada el 8 de mayo ante la Secretaría Anticorrupción, el exfuncionario omitió mencionar su participación en la empresa Belure, aunque sí declaró ingresos por actividades económicas relacionadas con su taquería y un taller mecánico.
El combustible desaparecido
Aunque la Marina informó oficialmente el decomiso de 10 millones de litros de combustible, MCCI obtuvo información que apunta a que el buque transportaba en realidad 20 millones de litros. Un informe interno de la Secretaría de Marina y documentos judiciales coinciden en esta cifra, sin que hasta la fecha se haya aclarado el destino del resto del combustible.
El caso deja abiertas múltiples interrogantes sobre las redes de complicidad entre funcionarios y empresas privadas en el sistema portuario nacional, así como sobre la actuación de las autoridades en el seguimiento del megadecomiso.
El caso de Francisco Javier Antonio Martínez es un reflejo de las grietas en los mecanismos de control del aparato gubernamental y portuario. A pesar de haber sido cesado y estar bajo investigación, aún no se ha informado públicamente sobre acciones penales en su contra ni sobre el destino del combustible faltante.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aquí.
