Morelia, Michoacán, a 1 de agosto de 2025.– En una decisión inédita para la prensa mexicana, una jueza del estado de Campeche ordenó que todas las publicaciones del medio digital Tribuna sean revisadas por un “interventor” judicial antes de su difusión, como parte de una medida cautelar solicitada por la gobernadora Layda Sansores.
Se trata de un episodio inédito relacionado con la censura, al mencionar la presencia de alguien que aprobará los contenidos a publicar por el medio de comunicación.
Un interventor para revisar todos los contenidos
La jueza Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, Edelmira Cervera, determinó que un funcionario designado por el Tribunal Superior de Justicia de Campeche tendrá la facultad de aprobar o rechazar los contenidos informativos del medio digital Tribuna, antes de que sean publicados tanto en su portal como en redes sociales.
Esta figura, común en casos financieros o de concursos mercantiles, ha sido aplicada en este caso a un medio de comunicación, lo que para especialistas en libertad de expresión constituye una forma de censura previa.
Tribuna denuncia intento de silenciar críticas previo al Cuarto Informe
El diario digital Tribuna acusó que la decisión busca “inhibir cualquier publicación o crítica que exhiba falta de resultados antes del Cuarto Informe de Gobierno de Sansores”, el cual se realiza este viernes. La empresa editorial consideró que se trata de una “acción que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Gobierno de Campeche denuncia al medio por “incitación al odio”
La imposición del interventor se dio tras una denuncia interpuesta por la gobernadora morenista Layda Sansores, quien acusó al medio de incitación al odio. La jueza no sólo avaló esta medida, sino que ratificó la prohibición expresa al periodista Jorge Luis González Valdez de mencionar a la mandataria en sus contenidos.
Tribuna está obligado a revelar datos de sus redes
Como parte del cumplimiento de la medida cautelar, el juzgado dio un plazo de 48 horas para que la empresa proporcione el nombre y datos de todas sus redes sociales, con el objetivo de someter sus publicaciones a revisión antes de ser divulgadas al público.
En caso de incumplimiento, la casa editorial deberá pagar una multa de 5 mil 657 pesos.
Medios y defensores alertan sobre censura judicial
Distintos sectores del gremio periodístico han advertido que la resolución constituye un grave precedente para la libertad de prensa en México, ya que establece un control previo del poder judicial sobre los contenidos informativos.
Tribuna ha calificado la acción como “censura judicial” y anunció que continuará con las acciones legales para revocar esta resolución.
