Morelia, Michoacán, a 13 de agosto de 2026.— Dos detenciones realizadas en menos de 48 horas contra personas relacionadas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, volvieron a colocar bajo la atención pública las investigaciones abiertas en Campeche por presuntas irregularidades cometidas durante su administración estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los procedimientos corresponden a las autoridades campechanas y no a la Fiscalía General de la República.
“No es algo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República. Es algo que viene de la Fiscalía de Campeche”, puntualizó durante su conferencia matutina.
Dos detenciones alcanzan al círculo cercano
El lunes fue detenido Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador y operador financiero de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente priista. El señalado también habría colaborado con el arquitecto Juan José Salazar Ferrer.
Las investigaciones de la Fiscalía de Campeche relacionan a Espinosa Campos con presuntas operaciones financieras e inmobiliarias irregulares. Hasta el momento, las autoridades deberán acreditar dichas acusaciones durante el proceso correspondiente.
Los cínicos y corruptos de MORENA no van a entender con discursos bonitos ni hablando suavecito. Están destruyendo la democracia, atropellando derechos y acabando con las libertades de los mexicanos. Hay que enfrentarlos con firmeza, con carácter y sin miedo.
¡A nosotros no nos… pic.twitter.com/BWxyuQWYqs
— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 13, 2026
Un día después, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche capturó en la Ciudad de México a Carlos Alberto Medina Hernández, quien encabezó el área de Comunicación Social durante el Gobierno de Alejandro Moreno.
Investigan presuntas operaciones financieras e inmobiliarias irregulares
Las indagatorias contra integrantes del entorno político y financiero del presidente nacional del PRI forman parte de expedientes desarrollados desde años anteriores por las autoridades de Campeche.
Sheinbaum señaló que las detenciones derivan de investigaciones por posibles delitos y que corresponde a la Fiscalía estatal informar sobre los avances, las acusaciones y la situación jurídica de las personas involucradas.
“Es un asunto de delincuencia de delitos que se cometieron y ya están siendo investigados desde hace tiempo, entiendo por la Fiscalía de Campeche; entonces, pues ellos son los que tienen que informar”, expresó.
Indagan posible desvío de 36 millones de pesos
Carlos Alberto Medina Hernández es investigado por su presunta participación en un esquema mediante el cual habrían sido desviados 36 millones de pesos durante la administración de Moreno Cárdenas en Campeche.
Su detención ocurrió cinco años después de que se presentara ante el Servicio de Administración Tributaria una denuncia para revisar contratos celebrados entre 2017 y 2019.
Los convenios señalados alcanzaron un monto de 59.9 millones de pesos y fueron adjudicados a 31 empresas y una persona física. De acuerdo con los registros fiscales citados en la investigación, los proveedores estarían relacionados con la presunta emisión de comprobantes por operaciones inexistentes.
La solicitud de desafuero contra ‘Alito’ Moreno sigue vigente
Las detenciones se producen mientras permanece pendiente una solicitud para retirar el fuero constitucional a Alejandro Moreno, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República.
En julio de 2025, la Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra el dirigente priista por los presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y peculado.
El expediente señala un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos durante su gestión como gobernador de Campeche, cargo que desempeñó entre 2015 y 2019.
Sheinbaum niega una motivación política
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que las autoridades concreten acciones legales contra Moreno, incluida la eventual eliminación de su fuero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el caso deba considerarse como una persecución de carácter político.
