Morelia, Michoacán.- La hoy diputada local Belinda Iturbide Díaz fue quien autorizó el contrato para la construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua durante su paso fugaz como secretaria de Salud en Michoacán, así está expresado en el documento.
La empresa I 25 SA de CV, contratada para la construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua, no tenía únicamente la obligación de levantar la estructura del inmueble, sino de entregar un proyecto integral completamente terminado y funcional.
De acuerdo con el contrato de obra pública, el compromiso fue bajo la modalidad de “llave en mano”, lo que implica que el hospital debía quedar listo para operar, incluyendo diseño, planeación, construcción e instalación de todos los sistemas necesarios, desde tanques de oxígeno hasta sistemas de vigilancia. Nada de eso se entregó en tiempo y forma.
Un centro de salud con todo… no se entregó nada
Entre los alcances del proyecto se contemplaba la edificación total del inmueble, abarcando desde los trabajos preliminares, cimentación y estructura, hasta la albañilería y los acabados finales. Es decir, no se trataba de una obra en proceso o por etapas, sino de una entrega completa que incluyera todos los elementos necesarios para su funcionamiento.
En el primer contrato se habla de un proyecto integral y no de un hospital construido por primera y segunda fases.
El contrato también establecía la creación de áreas médicas específicas, como consulta externa con cuatro consultorios de medicina familiar y 10 consultorios de especialidades, lo que evidencia que el hospital debía contar con capacidad operativa básica para la atención de pacientes desde el momento de su entrega, en diciembre de 2023.
A esto se sumaban todas las instalaciones indispensables para un hospital en funcionamiento, como sistemas hidráulicos, sanitarios y eléctricos, aire acondicionado, red de gas, gases medicinales y sistemas contra incendios. Estos elementos son críticos, ya que sin ellos no es posible prestar servicios de salud de manera segura .
El alcance del contrato incluía sistemas especializados como comunicación interna enfermera-paciente, telecomunicaciones, tele-enseñanza, radiocomunicación, videovigilancia y cableado estructural. Estos componentes son propios de infraestructura hospitalaria moderna y forman parte del estándar mínimo para la operación de una unidad médica .
La empresa I 25 SA de CV debía ejecutar obras complementarias como urbanización, accesos y jardinería, además de la instalación de mobiliario sanitario y accesorios. El espíritu del documento consistía en la entrega de un hospital completamente habilitado, no sólo una construcción parcial o por fases, como ahora se plantea, a tres años de que tendría que haberse terminado.
El contrato fijaba un plazo específico para la ejecución de los trabajos, con fecha de inicio el 31 de octubre de 2023 y conclusión el 31 de diciembre del mismo año, es decir, en un periodo de 62 días naturales. Bajo estas condiciones, cualquier falta de terminación o funcionalidad de la obra no puede interpretarse como un simple retraso, sino como un incumplimiento directo de las obligaciones contractuales establecidas.
Huele a complicidad
A pesar del incumplimiento en la construcción del Hospital Comunitario de Arantepacua, el gobierno de Michoacán no aplicó una de las principales herramientas legales para sancionar a la empresa responsable: la fianza de cumplimiento.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no existe evidencia de que las autoridades estatales hayan hecho efectiva dicha garantía, aun cuando la obra presentaba retrasos graves y no fue concluida en el plazo establecido .
La fianza de cumplimiento es un instrumento que obliga a la empresa contratista a responder económicamente en caso de incumplir el contrato. En términos simples, funciona como un seguro: si la obra no se termina o se ejecuta mal, el gobierno puede cobrar esa garantía para recuperar parte del dinero público o financiar la conclusión del proyecto.
Sin embargo, en este caso, aunque el contrato contemplaba esta obligación, no fue utilizada.
Según el informe de la ASF, una revisión a la obra tras el contrato para una segunda etapa del hospital registraba apenas un avance del 22.4 por ciento cuando ya debía estar concluido. Ante este escenario, los Servicios de Salud de Michoacán iniciaron un procedimiento de rescisión administrativa por incumplimiento, pero no acompañaron esta acción con la ejecución de la fianza, lo que representa una omisión relevante en la defensa del recurso público.
En lugar de hacer efectiva la garantía, las autoridades optaron por calcular sobrecostos derivados de la obra no ejecutada, estimados entonces en más de 23.8 millones de pesos. Es decir, reconocieron el daño económico, pero no utilizaron el mecanismo contractual diseñado precisamente para su resarcimiento, lo que deja en entredicho la eficacia de las acciones emprendidas contra la empresa.
Además, la ASF detectó que tampoco se recuperó en su totalidad el anticipo entregado a la empresa, ya que más de 96 millones de pesos permanecían sin ser amortizados. En conjunto, entre sobrecostos y recursos no recuperados, el posible daño al erario supera los 119 millones de pesos, monto por el cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó aclaraciones al gobierno de Michoacán.
Este escenario revela que, aunque sí se reconoció el incumplimiento del contratista e incluso se inició un proceso administrativo, el gobierno estatal no agotó las vías legales más contundentes para sancionar a la empresa y recuperar los recursos, particularmente la ejecución de la fianza de cumplimiento, lo que podría traducirse en responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados.
Lejos de sancionar por los evidentes incumplimientos a la empresa le dieron otro contrato…
…y lo volvió a imcumplir.
Para este año están listos otros 124 millones de pesos para el proyecto.
Mañana en Cuestiona.News: ¿Qué empresa realmente está detrás del Hospital de Arantepacua?
REVISA LA PRIMERA PARTE AQUÍ: ARANTEPACUA, DESPUÉS DEL DOLOR… EL SAQUEO
