Morelia, Michoacán.- En medio del clima electoral en Coahuila, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a la tribuna de San Lázaro una propuesta que busca inhabilitar de por vida a funcionarios públicos con vínculos con el crimen organizado, colocando nuevamente en el debate público el fenómeno de la llamada “narcopolítica”.
La iniciativa, presentada como una medida para blindar las instituciones, fue acompañada de señalamientos directos hacia la situación en Sinaloa y el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, cuyo nombre fue utilizado como ejemplo de lo que, según el PRI, no debe repetirse.
El diputado Mario Zamora fue una de las voces más críticas. Desde tribuna, no solo defendió la reforma, sino que trazó una narrativa que vincula la crisis actual con decisiones electorales pasadas. “Lo que se vive hoy en mi estado es el resultado de lo que se permitió en la elección de 2021”, afirmó.
Más allá de la propuesta legislativa, el discurso priista dibuja un panorama alarmante en Sinaloa: desapariciones, violencia persistente y afectaciones económicas. En ese contexto, Zamora lanzó una advertencia que apunta directamente al estado de la democracia: “Cuando los fuera de la ley se vuelven la ley, la democracia está en riesgo”.
Sin embargo, la iniciativa también se inserta en una coyuntura política donde los posicionamientos públicos forman parte de la disputa electoral. Analistas señalan que este tipo de propuestas, si bien responden a una problemática real, también cumplen una función estratégica al colocar temas sensibles en la agenda y contrastar narrativas entre fuerzas políticas.
