De acuerdo con información documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado por autoridades federales como el artífice de una red de empresas fantasma, cedió los derechos de una finca de alto valor en Estados Unidos a un ex funcionario
michoacano ligado a la Secretaría de Finanzas y Administración.
La cesión ocurrió meses después de que el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunciara públicamente, en noviembre de 2021, que durante el gobierno anterior se otorgó un contrato millonario a una empresa asociada a Álvarez Puga para realizar presuntas labores de espionaje.
El rancho en Wellington: lujo, caballos y una compra de 4.9 millones de dólares
El inmueble se localiza en el número 4985 de Stables Way, en la villa de Wellington, dentro del condado de Palm Beach, una zona reconocida internacionalmente por su industria ecuestre y residencias exclusivas. El rancho, con una superficie superior a 15 mil metros cuadrados, fue adquirido en 2019 por Álvarez Puga
en 4.9 millones de dólares. La propiedad incluye caballeriza para doce ejemplares, seis potreros, pista de equitación y amenidades de lujo como alberca con jacuzzi techado.
La finca también cuenta con siete habitaciones y acabados de alto nivel, en un entorno reservado para una clientela de alto poder adquisitivo.
La cesión de derechos: una transferencia sin rastro financiero
Registros del condado de Palm Beach consultados por MCCI indican que en agosto de 2022, la empresa 4985 Stables LLC —utilizada por Álvarez Puga para la compra del rancho— cedió los derechos del inmueble a Raik Holdings Corp.
Esta última compañía estaba administrada y presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien durante el gobierno de Silvano Aureoles se desempeñó como titular de la Dirección Jurídica en la Secretaría de Finanzas y Administración. Para concretar el traspaso, se utilizó la figura del quitclaim deed, conocida como “cesión de derechos”, un mecanismo del derecho inmobiliario estadounidense que permite transferir y renunciar a los derechos de una propiedad sin necesidad de compraventa.
Según un agente de bienes raíces consultado por MCCI, esta vía facilita que la transferencia no deje un rastro financiero directo, un detalle que llama la atención por el contexto político y administrativo en el que ocurrió.
Venta en 2024: el inmueble termina en 7 millones de dólares
Casi dos años después de haber recibido la cesión de derechos, Raik Holdings Corp. vendió el inmueble en junio de 2024 por siete millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 127 millones de pesos al tipo de cambio de ese periodo.
La operación refuerza el interés público del caso debido al incremento en el valor de la finca y el momento en que pasó de manos, especialmente porque la cesión ocurrió después del señalamiento público contra el contrato de espionaje.
El ex funcionario y su rol dentro de la Secretaría de Finanzas
Luis Héctor Rodríguez Pérez no era un funcionario menor dentro del gobierno estatal: durante la administración de Aureoles trabajó en el área jurídica de Finanzas, un punto clave en cualquier estructura administrativa debido a su relación con contratos, convenios y decisiones internas.
En la cadena de mando, Rodríguez Pérez tuvo como superior jerárquico al entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, uno de los principales colaboradores del ex gobernador perredista.
Carlos Maldonado: detención, extradición y vínculos empresariales
A finales de febrero de 2025, Carlos Maldonado Mendoza fue detenido en Miami por Interpol, luego de que se emitiera una ficha roja solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, fue extraditado a México.
Actualmente, Maldonado Mendoza se encuentra vinculado a proceso por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, peculado y asociación delictuosa. Dichos señalamientos derivan, según lo expuesto en la investigación, de su participación como secretario de Finanzas en la construcción irregular de siete cuarteles de la policía estatal de Michoacán, los cuales habrían sido edificados con sobreprecios.
En este entramado, también se expone que Rodríguez Pérez no solo fue subordinado dentro de la Secretaría, sino que desde 2013 ha sido apoderado legal de la empresa de Maldonado Mendoza: Administradora de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Regional Oicor SA de CV.
Fotografías, baúles y apellidos: señales en la propiedad
Además de registros públicos, el caso incluye elementos que refuerzan las sospechas en torno a quién ocupaba o utilizaba la propiedad antes de su venta.
En fotografías del rancho publicadas en sitios inmobiliarios durante 2024, cuando la finca estaba en venta, se observan dos baúles utilizados para transportar equipo ecuestre con las leyendas “Maldonado” y “Maldonado Lara”.
El apellido coincide con el del ex secretario de Finanzas y con el de Carlos Maldonado Lara, deportista mexicano ligado al dressage (adiestramiento de caballos).
La propia Raik Holdings Corp. tuvo como administradora a Gracia Augusta Mendoza Muciño, quien en su perfil de Facebook aparece vinculada socialmente con integrantes de la familia Maldonado, incluyendo al propio Carlos Maldonado Lara.
Un caso que vuelve a encender el debate sobre corrupción y presunto espionaje
La combinación de un contrato estatal señalado por presuntas labores de espionaje, la participación de un personaje identificado por autoridades como operador de empresas fantasma y la cesión de un rancho millonario en Florida a un funcionario michoacano, vuelve a poner en el centro del debate el uso del poder político para tejer redes de beneficios y protección.
En Michoacán, donde los casos de desvíos de recursos, sobreprecios en obras públicas y presuntos esquemas de corrupción han sido recurrentes en el discurso público, este tipo de revelaciones alimentan la exigencia ciudadana de transparencia y sanciones efectivas.
Mientras las investigaciones continúan y los expedientes avanzan en tribunales, el caso representa una nueva señal de cómo decisiones tomadas desde el aparato gubernamental pueden terminar conectadas con operaciones patrimoniales fuera del país.
