Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre de 2025. — Un cúmulo de errores procesales cometidos por el área jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) derivó en una condena judicial que podría costarle al erario más de 9 mil 500 millones de pesos, tras un litigio relacionado con la compra de equipo de espionaje realizada hace más de una década.
Un fallo millonario por errores jurídicos
De acuerdo con una resolución judicial, un juez federal condenó a la Sedena a pagar hasta 9 mil 534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), debido a fallas elementales en la defensa legal de la dependencia. Entre los errores señalados destacan la falta de acreditación de la personalidad jurídica de sus representantes y la presentación extemporánea de recursos legales.
El fallo fue emitido por Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, quien ordenó el pago de las obligaciones incumplidas derivadas de contratos rescindidos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Sheinbaum asegura que la Sedena ya puede ejercer su defensa
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso y sostuvo que la información difundida omitió un elemento clave: el reciente reconocimiento de la personalidad jurídica de la Sedena por parte de un Tribunal Colegiado.
“Sacan una nota que tiene que ver con una compra que hizo el Ejército en 2009, 2010, que supuestamente no se pagó y ahora un juez exige que se pague”, mencionó la mandataria federal.
Sheinbaum agregó que “no ponen la otra parte, que es que el Colegiado ya abrió la posibilidad de que Defensa se defienda, ahora sí, porque no había sido reconocida la Secretaría de la Defensa como personalidad jurídica para poder hacer su reclamación”, aseveró.
Contratos de espionaje firmados entre 2010 y 2012
El litigio se originó a partir de una demanda presentada en septiembre de 2023 por la empresa Security Tracking Devices, propiedad de José Susumo Azano. La compañía reclamó el pago de 13 facturas correspondientes a nueve contratos para la adquisición de equipos de espionaje, adjudicados de manera directa por la Sedena entre 2010 y 2012.
Estos contratos fueron rescindidos años después, cuando la entonces Procuraduría General de la República investigó el caso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La rebeldía legal que selló la condena
El juez determinó que los funcionarios jurídicos de la Sedena no acreditaron debidamente su personalidad legal. En particular, se señaló que el general Pedro Bonilla Muñoz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, no comprobó su carácter como representante legal de la dependencia.
Una sentencia firme y difícil de revertir
Al intentar apelar esa decisión, la Sedena volvió a incurrir en un error procesal al presentar el recurso fuera del plazo legal. Un Tribunal Colegiado de Apelación confirmó esta omisión el 3 de julio de 2024, y la sentencia quedó firme el 16 de agosto del mismo año.
Como resultado, el juez ordenó el pago total de las prestaciones reclamadas por STD. Aunque la Sedena interpuso una nueva apelación el 2 de diciembre, la falta de personalidad jurídica de sus apoderados ya fue considerada cosa juzgada, lo que complica cualquier intento de revertir la condena.
