Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025.– Ante el incremento sostenido del delito de extorsión en el país, el gobierno federal oficializó en el Diario Oficial de la Federación la ruta que deberán seguir las entidades federativas para combatir este ilícito a partir de 2026, como parte de una de las principales apuestas de seguridad del sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La estrategia busca frenar el llamado cobro de piso mediante una intervención integral que combina ajustes normativos, lineamientos operativos y un sistema de control de resultados, con el objetivo de obligar a los estados a actuar de manera coordinada.
Publicación oficial y alcance del acuerdo federal
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 01/LII/2025, aprobado durante la Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el 11 de diciembre de 2025.
En dicho acuerdo se establece el “fortalecimiento” de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual entrará formalmente en operación a partir de 2026 y tendrá carácter obligatorio para las entidades federativas.
Instrucciones directas a los gobiernos estatales
El documento contiene una instrucción explícita para los gobernadores del país: presentar ante sus respectivos congresos locales las reformas legales necesarias para armonizar los marcos jurídicos estatales con la estrategia nacional.
Además, se fija un plazo perentorio para cumplir con esta obligación, ya que los avances deberán ser reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a más tardar el último día hábil de enero de 2026.
Manual único para fiscalías y ministerios públicos
Como parte del rediseño operativo, el acuerdo ordena a la Fiscalía General de la República emitir un manual de operación que regule la recepción de denuncias, la investigación y la persecución del delito de extorsión.
Este documento deberá ser adoptado por fiscalías estatales o unidades especializadas y tendrá como fecha límite de publicación el último día hábil de febrero de 2026, con lo que se busca poner fin a la improvisación en el tratamiento del delito.
Alineación de estrategia, presupuesto y medición
El paquete normativo también deja ver el método con el que la Federación pretende alinear la estrategia contra la extorsión con el uso de recursos públicos y la medición de resultados.
En el mismo proceso fueron oficializados los criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2026, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2026, así como los lineamientos para el uso de recursos del FORTAMUN en materia de seguridad.
De manera adicional, se formalizaron los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, cuya aplicación obligatoria para fiscalías deberá iniciar en enero de 2026.
Reconocimiento oficial del aumento de la extorsión
El gobierno federal ha reconocido en distintas ocasiones que la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en el país entre 2019 y 2025, lo que ha encendido alertas en sectores productivos y gobiernos locales.
Con esta estrategia, la Federación busca forzar una respuesta homogénea en todo el país, reducir la discrecionalidad en la atención de denuncias y contar con indicadores claros que permitan evaluar si el combate a la extorsión da resultados reales.
