Morelia, Michoacán.— El gobierno de Michoacán solicitó una pena de 12 años de prisión y el pago de al menos un millón 370 mil pesos contra el activista Raúl Meza Abonce, procesado por el delito de sabotaje debido a su presunta participación en las protestas realizadas tras el homicidio de Carlos Manzo, quien era presidente municipal de Uruapan.
Acusan una actuación colectiva en Palacio de Gobierno
El expediente sostiene que los acontecimientos en Palacio de Gobierno no fueron hechos aislados, sino una acción desarrollada por un grupo de personas mediante una distribución de actividades.
En su acusación coadyuvante, el Ejecutivo estatal argumentó que la conducta atribuida a Meza Abonce ocurrió mediante una “actuación colectiva, organizada y violenta”, presuntamente dirigida contra la sede del Poder Ejecutivo.
El documento señala que durante los hechos fueron dañados bienes públicos, instalaciones gubernamentales, puertas, cristales, equipo de cómputo y objetos considerados parte del patrimonio histórico de Michoacán. También asegura que fueron utilizados objetos incendiarios.
De acuerdo con el planteamiento jurídico del gobierno estatal, la posible responsabilidad no dependería exclusivamente de demostrar que el acusado destruyó personalmente cada uno de los bienes, sino de establecer si participó de manera consciente y relevante dentro de un plan colectivo.
Gobierno argumenta la existencia de un plan común
La Dirección Jurídica recurrió a la teoría del dominio funcional del hecho para sostener que varias personas pueden ser consideradas coautoras cuando participan conjuntamente en un supuesto plan delictivo mediante una “división de funciones”.
La acusación establece que tendría que demostrarse que Raúl Meza se incorporó voluntariamente a la acción colectiva, conoció el desarrollo del supuesto plan común, realizó una aportación relevante y permaneció dentro de la dinámica mientras se producían los daños.
El escrito sostiene que una estrategia de defensa basada únicamente en señalar que el acusado “no ejecutó materialmente un daño específico” sería insuficiente por sí. Sin embargo, reconoce que esos elementos tendrán que acreditarse durante el juicio con las pruebas admitidas.
Solicitan 12 años de cárcel y reparación del daño
La defensa de Meza Abonce informó que el gobierno de Michoacán pretende que se imponga al activista una pena de 12 años de prisión, correspondiente a la sanción máxima contemplada para el delito de sabotaje en el Código Penal estatal.
Además de la pena privativa de la libertad, la representación jurídica del Ejecutivo solicitó una reparación integral por un millón 370 mil pesos, cantidad atribuida a daños materiales en el inmueble, mobiliario, archivos, computadoras, puertas, cristales y otros bienes.
La cifra podría incrementarse durante el proceso, pues la acusación también pide considerar los gastos adicionales relacionados con la restauración, rehabilitación o reposición de los objetos afectados.
- Pena solicitada: 12 años de prisión, según la defensa.
- Reparación inicial del daño: un millón 370 mil pesos.
- Delito imputado: sabotaje.
- Causa penal: 683/2025.
- Víctima reconocida en el proceso: Gobierno del Estado de Michoacán.
Defensa acusa criminalización de la protesta social
En un comunicado, la defensa de Raúl Meza cuestionó que el gobierno estatal utilizara conceptos relacionados con la criminalidad colectiva para justificar la acusación.
Los representantes del activista señalaron que la administración encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla pretende presentar las manifestaciones como “una empresa criminal común encaminada a producir múltiples daños”. A su consideración, este argumento criminaliza el ejercicio de la protesta y lo equipara con actividades propias de la delincuencia organizada.
La defensa también rechazó que dentro de la carpeta de investigación se haya acreditado un daño material ocasionado directamente por Meza Abonce, por lo que calificó la solicitud de pena y reparación como un exceso del poder punitivo del Estado.
Ejecutivo rechaza que se tratara de una protesta legítima
La acusación presentada por la Secretaría de Gobierno afirma que las conductas investigadas rebasaron los límites constitucionales del derecho de reunión y manifestación.
“Ninguna forma de expresión colectiva puede justificar la destrucción deliberada de bienes públicos”, argumentó la representación jurídica estatal al sostener que los daños también afectaron el funcionamiento ordinario de las dependencias gubernamentales.
El Gobierno de Michoacán pretende respaldar su acusación con entrevistas a servidores públicos, dictámenes periciales, inspecciones del lugar, videograbaciones, informes policiales y documentos sobre la cuantificación de los daños.
Audiencia intermedia será el 3 de septiembre
La siguiente etapa del proceso está programada para el 3 de septiembre de 2026. Durante la audiencia intermedia, el juez de Control Gerardo Nava Mejía deberá resolver cuáles pruebas podrán ser incorporadas al juicio.
De manera paralela, un Tribunal Colegiado de Circuito deberá revisar la constitucionalidad de la vinculación a proceso dictada contra Raúl Meza Abonce, de acuerdo con la información proporcionada por su defensa.
Los abogados hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación para actuar con independencia e imparcialidad, al considerar que el procedimiento representa un intento de represión contra la protesta social y la libertad de expresión.
Hasta que exista una sentencia definitiva, Raúl Meza Abonce conserva la presunción de inocencia y corresponderá a las autoridades judiciales determinar si las pruebas permiten atribuirle responsabilidad penal por los acontecimientos investigados.
