Guanajuato, Gto. — En los últimos años, Guanajuato ha documentado al menos nueve mujeres buscadoras asesinadas y al menos cinco más en calidad de desaparecidas, una situación que pone en evidencia, denuncian organizaciones civiles, la falta de políticas efectivas de protección para quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
La alerta fue emitida por Cirenia Celestina Ortega, coordinadora de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac), quien señaló que la violencia contra estas mujeres —en su mayoría madres, hermanas y familiares que lideran esfuerzos comunitarios para localizar a personas desaparecidas— refleja no solo la crisis de seguridad en el estado, sino también la ausencia de mecanismos institucionales de protección con enfoque de género.
“Sabemos que hay cinco buscadoras desaparecidas en el estado, nueve asesinadas, y eso nos hace voltear a ver toda la política de protección; se requiere una política integral que contemple a las buscadoras como defensoras de derechos humanos y que incorpore también la perspectiva de género”, afirmó Ortega.
Entre los casos mencionados por activistas figura el de Teresa Magueyal, madre buscadora que desde 2020 buscaba a su hijo y fue asesinada el 2 de mayo de 2023 mientras circulaba en bicicleta en San Juan de Octopan, Celaya, sin haber logrado conocer el paradero de su familiar desaparecido.
Otro caso emblemático es el de Lorenza Cano, integrante del colectivo Unidos Buscando Portada – Cuestionaen Salamanca, quien desapareció el 15 de enero de 2024 tras un ataque armado en su domicilio, donde perdieron la vida su esposo y su hijo; desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido.
Las buscadoras enfrentan altos niveles de riesgo en medio de una grave crisis de desapariciones que afecta a todo el país. De acuerdo con cifras recientes, México registra más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, situación que convierte la labor de estas mujeres en un ejercicio peligroso y, en muchos casos, fatal.
Organizaciones civiles han insistido en la necesidad de reconocer formalmente a las buscadoras como defensoras de derechos humanos, otorgarles medidas de protección adecuadas y fortalecer las políticas públicas para garantizar su seguridad e integridad, evitando que la búsqueda de justicia se convierta en una condena más para quienes ya han sufrido la desaparición de un ser querido.
La situación en Guanajuato se suma al preocupante panorama de violencia que enfrenta la entidad, la cual también se destaca por altos índices de homicidios y feminicidios, según reportes recientes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades.
