Morelia, Michoacán.— El huachicol fiscal se convirtió en un negocio de dimensiones multimillonarias. Entre 2018 y 2025 pudo mover alrededor de 147 mil millones de litros de combustible ilegal, cuyo valor potencial en el mercado mexicano alcanzaría los 3.1 billones de pesos, unos 160 mil millones de dólares.
La cifra equivale a 8.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y representa casi una tercera parte de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. También sería equivalente a tres veces el costo conjunto estimado del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La dimensión económica del negocio es mucho mayor que el quebranto fiscal conocido hasta ahora. Mientras la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) ha sido estimada en más de 600 mil millones de pesos, esa cantidad representa solamente el gravamen que habría dejado de ingresar al erario y no el valor de los combustibles involucrados.
De 600 mil millones de pesos a 147 mil millones de litros
Una estimación realizada a partir de las cuotas efectivamente cobradas del IEPS entre 2018 y 2025, incluidos los periodos en los que el gobierno federal aplicó estímulos fiscales, permite calcular que el impuesto evadido correspondería a aproximadamente 147 mil millones de litros de gasolina y diésel.
Durante esos ocho años, el IEPS efectivo promedio combinado se situó cerca de 4.09 pesos por litro para gasolina regular y diésel.
Al dividir los 600 mil millones de pesos de evasión estimada entre los 4.09 pesos por litro, el resultado es un volumen cercano a los 147 mil millones de litros.
Ese combustible habría alcanzado un valor aproximado de 1.6 billones de pesos al momento de su importación y de alrededor de 3.1 billones de pesos una vez colocado a precios del mercado mexicano.
¿A qué equivalen 3.1 billones de pesos?
El valor potencial del combustible ilícito equivale a más del 30% de los 10.2 billones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026. También representa más de tres veces la inversión física federal presupuestada para este año, cercana a los 961 mil millones de pesos.
Otra comparación permite dimensionar el tamaño del fenómeno. México Evalúa estimó en 544 mil millones de pesos el costo acumulado del Tren Maya al cierre del sexenio; en 398.5 mil millones el de la refinería de Dos Bocas, y en 89 mil millones la construcción del AIFA.
Sin considerar el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, las tres obras suman alrededor de 1.03 billones de pesos. El valor potencial del combustible relacionado con el huachicol fiscal sería, por tanto, equivalente a tres veces esa cantidad.
Los cárteles entraron al negocio del combustible
Una parte de esta enorme economía clandestina ha servido para enriquecer a organizaciones del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo entre las organizaciones involucradas en el contrabando de gasolina, diésel y otros combustibles hacia México.
FinCEN, la oficina del Tesoro especializada en delitos financieros, considera que el huachicol constituye la principal fuente ilícita de ingresos de estas organizaciones fuera del tráfico de drogas.
El gobierno estadounidense también ha identificado empresas utilizadas en estas operaciones. El Departamento del Tesoro documentó una red de gasolineras manejadas por Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, identificado como uno de los líderes del CJNG.
Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, compañías que realizaron operaciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al mismo cártel e involucrados en actividades de huachicol fiscal.
Empresas, aduanas y facturas en la estructura del huachicol
La evasión fiscal suele ubicarse entre los llamados delitos de cuello blanco. En el caso del huachicol fiscal, los esquemas pueden utilizar empresas, operaciones de comercio exterior, documentos aduaneros, especialistas fiscales y mecanismos financieros para ocultar la verdadera naturaleza de las mercancías y reducir o evitar el pago de impuestos.
La incorporación de organizaciones del narcotráfico añadió operadores de ambos lados de la frontera encargados de comprar, transportar, almacenar y vender combustible.
FinCEN describe una estructura en la que comercializadoras y empresas fachada compran combustible en Estados Unidos, lo introducen a México mediante documentos aduanales falsificados, lo almacenan y posteriormente lo venden mediante distribuidoras y gasolineras controladas por los cárteles.
En algunos casos, el producto puede mezclarse con combustible extraído clandestinamente de ductos de Pemex. Para ocultar su procedencia y darle apariencia legal a su comercialización también se elaboran facturas falsas.
Empresas aparecen entre los mayores deudores fiscales
El uso de facturas para simular operaciones aparece también en la lista de los mayores deudores fiscales vinculados con el negocio de los combustibles.
Cinco fueron identificados por el SAT en su listado definitivo de factureros: Dalcrise, Marlaya, Grupo Petrotamps, Nafta Aditivos Orgánicos y Julia Mendoza Cruz.
A ellos se suma Aktio Logistics, de Tamaulipas, suspendida del padrón de importadores bajo una causal relacionada con la inexistencia o no localización de su domicilio fiscal.
Entre los mayores evasores aparecen además Azteca Cone, Intanza y Servicios Aduanales JR. Las dos primeras estuvieron involucradas en el huachicol por buques descubiertos en Tampico, mientras que la tercera fue señalada por la FGR en la red de tráfico por ferrotanques que involucra al exgobernador panista Ernesto Ruffo.
A la lista se agregó Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En conjunto, las diez empresas mencionadas acumulan deudas fiscales por 97 mil millones de pesos, equivalentes a alrededor del 16% de los 600 mil millones de pesos de evasión fiscal por huachicol estimados entre 2018 y 2025.
Cómo funciona el huachicol fiscal
Uno de los mecanismos identificados consiste en declarar ante las aduanas grandes cargamentos de gasolina y diésel como “aceites usados”, “lubricantes”, “aditivos”, “residuos de petróleo” u otros productos que no están sujetos al IEPS aplicable a esos combustibles.
Otro procedimiento consiste en declarar una cantidad menor de combustible de la que realmente ingresa al país en cada embarque para reducir el pago de impuestos.
El IEPS se establece mediante una cuota por litro, característica que permite recorrer el camino inverso y estimar cuánto combustible correspondería a los 600 mil millones de pesos de evasión.
El cálculo debe considerar que entre 2018 y 2025 el gobierno otorgó estímulos fiscales que disminuyeron el impuesto efectivamente pagado. El caso más pronunciado ocurrió en 2022, cuando los estímulos llegaron hasta 100% y durante algunos periodos la cuota efectiva del IEPS fue de cero.
Del precio de importación al valor en las gasolineras
Las estadísticas de comercio exterior del Banco de México, los volúmenes reportados por Pemex y la Secretaría de Energía, así como las referencias de precios de los combustibles importados, permiten establecer alrededor de 11 pesos por litro como un valor representativo de importación durante el periodo 2018-2025.
Aplicado a los 147 mil millones de litros estimados, el resultado ronda 1.6 billones de pesos, equivalentes aproximadamente a 83 mil millones de dólares.
El valor aumenta considerablemente cuando el combustible llega al mercado mexicano.
Los precios históricos muestran que la gasolina regular pasó de un promedio cercano a 18.30 pesos por litro en 2018 a más de 23 pesos hacia el final del periodo, mientras que el diésel pasó de alrededor de 19.43 pesos a más de 25 pesos.
Al considerar la evolución de los precios y la mayor participación de la gasolina en las importaciones, se obtiene un precio representativo cercano a 21.20 pesos por litro.
Multiplicado por los 147 mil millones de litros, el resultado asciende a aproximadamente 3.1 billones de pesos.
3.1 billones no representan las ganancias del huachicol
La cifra de 3.1 billones de pesos representa el valor potencial del combustible introducido ilegalmente a precios de mercado y no las ganancias obtenidas por quienes participaron en las operaciones. El precio final incorpora impuestos, logística, distribución y márgenes de comercialización.
De esta manera, existen tres dimensiones económicas distintas dentro del mismo fenómeno: 600 mil millones de pesos de IEPS evadido entre 2018 y 2025; alrededor de 1.6 billones de pesos de combustible a valor de importación, y aproximadamente 3.1 billones de pesos como valor potencial en el mercado mexicano.
Por cada peso de IEPS presuntamente evadido habrían circulado alrededor de 2.7 pesos en combustible a valor de importación y más de cinco pesos considerando su valor de venta en el mercado.
Una industria clandestina del tamaño de una gran economía
Otra manera de entender los 3.1 billones de pesos es compararlos con la economía nacional. El valor de venta estimado de todo el combustible que habría movido el huachicol fiscal entre 2018 y 2025 equivale a 8.8% del PIB del último año.
La cifra supera los 2.89 billones de pesos recaudados por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2025 y equivaldría al doble de lo recaudado mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
También es prácticamente del tamaño de la economía completa del Estado de México y supera el PIB de Nuevo León o Jalisco. Comparado con los presupuestos de las entidades federativas, el valor estimado del combustible sería mayor que los presupuestos combinados de los 32 gobiernos estatales.
Visto año por año, el tamaño sigue siendo considerable. En promedio, el combustible ilegal habría representado ventas potenciales cercanas a 389 mil millones de pesos anuales, cantidad que colocaría a una empresa con ese nivel de ventas entre las diez compañías que más venden en México.
Los cálculos permiten así observar una dimensión distinta del huachicol fiscal: detrás de los 600 mil millones de pesos de impuestos presuntamente evadidos habría circulado combustible cuyo valor potencial en el mercado mexicano alcanzaría los 3.1 billones de pesos entre 2018 y 2025.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aquí.
