Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- La periodista María Idalia Gómez reveló en el programa Aristegui en Vivo que el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, está siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos por posibles vínculos con grupos criminales.
Durante su intervención, María Idalia Gómez argumentó que a los investigadores estadounidenses les “sorprendió” la forma en que se difundieron los avances sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, lo que pudo haber interferido con el debido proceso.
Divulgación de datos, cuestionamientos al debido proceso
La alerta de Estados Unidos se centra en la difusión pública de información sobre el presunto autor material del homicidio del alcalde de Uruapan —un menor de edad abatido—, lo que según Gómez “daña el debido proceso hasta sus últimas consecuencias”.
Una organización especializada en derechos de la infancia, Tejiendo Redes Infancia, denunció que la fiscalía estatal violó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al exponer rostro e identidad del menor involucrado.
Medidas de seguridad y contexto de riesgo político
Gómez explicó que Carlos Manzo contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional desde su campaña electoral, no por decisión voluntaria del gobierno federal sino por una orden judicial. “Ese era el nivel de inseguridad que tenía desde entonces”, aseveró.
La periodista criticó además la falta de visión institucional sobre la seguridad durante la campaña, no sólo en Michoacán sino en otras regiones del país.
El escenario político: una candidatura interrumpida
Según María Idalia Gómez, Carlos Manzo se perfilaba como candidato al gobierno de Michoacán a través de una asociación independiente en alianza con Movimiento Ciudadano, con ventaja en las encuestas de entre 15 y 22 puntos. “Estaba por lanzarse la candidatura… de la mano con Movimiento Ciudadano”, explicó.
La periodista planteó que el hecho de que los responsables del crimen hubiesen conocido los movimientos y planes del aspirante político apuntaba a una vulnerabilidad en las comunicaciones del estado.
Extorsión, agroindustria y nexos internacionales
Gómez citó estimaciones de Estados Unidos de que sólo en el sector aguacatero de 46 municipios michoacanos las extorsiones alcanzarían los 800 millones de dólares al año.
Indicó que los grupos criminales se financian también con productos agropecuarios y que hay riesgo de que empresas vinculadas al crimen usen fincas como “importadoras legales” hacia EE.UU., lo que podría dañar la cadena exportadora de aguacate, limón y jitomate.
Además, la visita de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EE.UU., tuvo entre sus objetivos analizar “cómo la agroindustria mexicana está financiando a los grupos criminales”, no solo en un tema sanitario.
Desafíos para Michoacán y respuesta institucional
El escenario que describe la periodista remite a una combinación de crimen organizado, debilidad institucional y complicidad política en Michoacán. Gómez mencionó que tanto autoridades mexicanas como estadounidenses manejan la hipótesis de una “conjunción entre la política y los grupos criminales”.
El reto para el estado es por tanto doble: contener la violencia y restablecer la confianza institucional para evitar sanciones internacionales que podrían impactar la exportación de productos clave en la entidad.
Gravedad e implicaciones
La revelación de que EU investiga al fiscal de Michoacán por posibles nexos con el crimen organizado representa un hecho grave que coloca al estado en el centro de una crisis de gobernabilidad. Si se confirma la hipótesis de vínculos entre política, agroindustria y redes delictivas, las repercusiones podrían trascender la esfera estatal y afectar el comercio internacional, la seguridad pública y la institucionalidad.
