Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha un plan extraordinario para enfrentar la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción durante la administración de Guadalupe Taddei.
El Consejo General aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el organismo durante el periodo 2016-2026, con el propósito de revisar el uso de recursos públicos e identificar posibles irregularidades.
Entre las medidas aprobadas también se encuentra la posibilidad de contratar auditorías externas privadas, así como habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas de funcionarios que tengan conocimiento de procedimientos presuntamente irregulares.
El acuerdo contempla, además, elaborar un inventario de contratos sujetos a revisión, preservar los expedientes físicos y electrónicos y garantizar que la documentación requerida por las autoridades fiscalizadoras sea entregada sin demoras injustificadas.
Durante la sesión, el consejero electoral Arturo Castillo Loza reconoció la gravedad de la situación y calificó el episodio como la crisis histórica más grave que ha enfrentado el organismo.
“Ante crisis histórica se requieren medidas extraordinarias. Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución. Jamás se había visto la renuncia de la presidencia del Consejo General vinculada a un escándalo de corrupción”, expresó.
Por su parte, la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, sostuvo que la autonomía del INE no debe confundirse con opacidad y manifestó la disposición del organismo para colaborar con las autoridades investigadoras.
El plan también establece medidas para garantizar la continuidad de los trabajos de organización del proceso electoral 2026-2027, particularmente ante la posibilidad de que algún contrato vigente tenga que ser revisado, modificado o sustituido.
Las acciones buscan identificar las condiciones que permitieron posibles irregularidades, fortalecer los mecanismos de vigilancia y establecer responsabilidades administrativas o penales cuando corresponda.
Con estas medidas, el INE busca recuperar la confianza pública y demostrar que las investigaciones sobre las contrataciones no quedarán únicamente en la salida de su anterior presidenta.
