Morelia, Michoacán.— El INE reforzó sus protocolos para enfrentar situaciones “extraordinarias” que puedan complicar o impedir la instalación de casillas durante la jornada electoral de 2027, en la que se renovará la Cámara de Diputados y miles de cargos locales, de acuerdo con el diario El Norte.
Una elección con más casillas y más cargos en juego
El organismo electoral prevé instalar 176 mil 741 casillas en todo el territorio nacional durante junio de 2027, es decir, 6 mil 560 más que en el proceso de 2024. Ese año la ciudadanía no sólo elegirá diputaciones federales, sino que estarán en disputa 19 mil 609 cargos de carácter local, lo que convierte al proceso en uno de los más grandes en la historia reciente del país.
Aprueban nueva guía de actuación
La Comisión de Organización del INE dio luz verde a una guía de actuación diseñada para orientar a su personal ante los “retos crecientes” que enfrenta la organización de comicios, derivados de conflictos sociales, territoriales, políticos y de seguridad presentes en diversas zonas del país.
La medida surge luego de que, tras las elecciones de 2024 y 2025, se detectó que el Instituto no contaba con una herramienta homologada para guiar la toma de decisiones frente a conflictos originados por nuevos límites territoriales, protestas por demandas sociales, disputas entre grupos criminales, problemas de inseguridad o enfrentamientos entre pueblos originarios y comunidades indígenas.
Identificación temprana de secciones en riesgo
Conforme al nuevo protocolo, tanto el personal del INE como el de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en todo el país tendrán la obligación de identificar aquellas secciones electorales que representen algún foco de conflicto e informar de inmediato a sus superiores jerárquicos para dar la atención requerida.
Una vez detectada la situación, se recopilará información sobre las causas del conflicto y se elaborará un reporte que precise si, en procesos electorales anteriores, dicha circunstancia derivó en la cancelación de elecciones o del funcionamiento de casillas.
Coordinación con autoridades de los tres ámbitos de gobierno
El INE solicitará el respaldo de autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y contener los conflictos detectados. En los casos que así lo requieran, se buscará sostener encuentros directos con gobernadores, secretarios o directores de las dependencias involucradas.
La protección no se limitará a la infraestructura electoral: el Instituto también busca garantizar la seguridad de más de 51 mil supervisores y capacitadores electorales, a quienes describe como la “columna vertebral” del proceso, ya que son responsables de reclutar y capacitar a los funcionarios de casilla. Por ello, se evaluará qué tipo de acompañamiento solicitar a las corporaciones de seguridad pública durante las actividades de campo.
Medidas alternas cuando el diálogo no basta
El documento aprobado por la Comisión de Organización establece que, una vez agotadas las acciones de comunicación, colaboración y mediación, y si no se logra identificar una solución viable, el Instituto deberá valorar la aplicación de alguna medida alterna que garantice el ejercicio del voto en las secciones afectadas. Para ello se fijarán tiempos máximos de respuesta que permitan una atención oportuna ante cada situación extraordinaria, según se establece en la guía.
Entre los escenarios contemplados, si a 30 días de la jornada electoral no se ha encontrado una solución, se evaluará instalar casillas especiales o reubicar a los electores en una sección cercana. Asimismo, la población afectada por cualquier cambio deberá estar informada con al menos 15 días de anticipación.
Diálogo con comunidades y pueblos indígenas
El protocolo también contempla la realización de “visitas” para dialogar con la ciudadanía y recabar información sobre la situación que se vive en cada comunidad, siempre que existan condiciones de seguridad suficientes para el personal electoral. El INE precisó que esta información se utilizará exclusivamente para determinar si existen condiciones para instalar las casillas, y no para elaborar un diagnóstico general sobre la seguridad en el país. Además, se prevén mesas de trabajo específicas con comunidades indígenas.
