Ciudad de México.— Una sesión marcada por la tensión y el enfrentamiento interno se vivió este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el debate jurídico quedó opacado por choques personales y posturas inflexibles durante la discusión de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama.
El proyecto en cuestión buscaba frenar la posibilidad de revisar sentencias en asuntos ya juzgados; sin embargo, generó controversia por la inclusión del párrafo 52, en el que se hacía referencia a la figura de la “cosa juzgada fraudulenta”, concepto que, a decir de la mayoría de los ministros, podría abrir la puerta a nuevos intentos para modificar casos concluidos, vulnerando la certeza jurídica.
Durante la sesión, siete de los nueve ministros solicitaron de manera expresa que dicho párrafo fuera eliminado del proyecto. No obstante, la petición detonó una airada reacción de la ministra Batres Guadarrama, quien defendió la permanencia del texto al argumentar que se trataba de su proyecto original y que cualquier modificación alteraría su autoría.
“Si se insiste en querer suprimir un párrafo de mi proyecto, porque es mi proyecto y así va a aparecer en la sentencia publicada el proyecto presentado por la ministra fulana, como sucede en todos los casos, ustedes están cambiándolo (…) No me parece adecuado y asumo bajo protesta”, expresó la ministra durante la discusión, en una intervención que evidenció el clima de confrontación al interior del máximo tribunal.
Pese a los razonamientos expuestos por el resto de los ministros para retirar el apartado polémico, Batres Guadarrama mantuvo su postura y finalmente logró que el párrafo 52 permaneciera en el proyecto, decisión que avivó las críticas sobre el manejo del debate y la conducción de la sesión.
La controversia se desarrolló bajo la presidencia de Hugo Aguilar, cuya actuación fue cuestionada por permitir que la discusión escalara sin encauzarla hacia un intercambio estrictamente jurídico. El episodio dejó al descubierto las divisiones internas en la SCJN y reavivó el debate sobre el equilibrio entre la independencia de criterio de los ministros y la necesidad de preservar la institucionalidad y el rigor jurídico en las deliberaciones del máximo tribunal del país.
