Hoy quiero hablarles con mucha claridad sobre el caso del exfiscal.
En abril creamos una Unidad Especializada en la Fiscalía del Estado para investigar los hechos de El Pinal con total transparencia. Esa unidad concluyó sus investigaciones y el caso ya fue judicializado. La Fiscalía hizo lo que le corresponde; ahora decide el Poder Judicial.
Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie.
Vamos a seguir combatiendo al crimen con toda la fuerza del Estado, siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo Chihuahua.
— Maru Campos (@MaruCampos_G) October 19, 2026
El pronunciamiento ocurrió en medio de presiones de algunos integrantes del PAN que exigen a la gobernadora defender a Jáuregui, quien ha ocupado distintos cargos partidistas en Chihuahua.
Campos ofrece entregar información a las autoridades federales
Campos Galván explicó que decidió pronunciarse una vez concluida la etapa inicial de la investigación estatal por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. También sostuvo que la cooperación internacional debe desarrollarse dentro del marco legal.
“Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley. Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la Fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera”, manifestó.
Jáuregui enfrenta investigaciones en los fueros estatal y federal
El exfiscal obtuvo libertad condicional dentro del procedimiento del fuero común. Sin embargo, agentes federales lo detuvieron posteriormente y fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, por la investigación federal.
Los señalamientos están relacionados con la presunta autorización para que agentes estadounidenses participaran en tareas de seguridad sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades mexicanas.
De acuerdo con las acusaciones, no existía registro de autorización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. También se señala la falta de licencias de portación de armas expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional para los estadounidenses.
