México.- El Gobierno de México rechazó el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al calificarlo como “tendencioso” y alejado de la realidad actual del país, lo que ha generado un nuevo choque entre autoridades y organismos internacionales en materia de derechos humanos.
En un posicionamiento oficial, el Estado mexicano sostuvo que el documento no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas recientemente, las cuales —asegura— evidencian avances institucionales significativos, particularmente desde 2019 y con mayor énfasis a partir de 2025.
#SEGOBInforma 📢#México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018
Comunicado Conjunto📄 https://t.co/wA7hoV65F9 pic.twitter.com/jA9rPffE1I
— Gobernación (@SEGOB_mx) April 2, 2026
Según el Gobierno, el procedimiento utilizado por el Comité está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas son sistemáticas y perpetradas por el Estado, un escenario que —afirma— no corresponde al México actual. Incluso, subrayó que el propio organismo reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de crímenes.
No obstante, el informe internacional ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad difícil de ignorar: México acumula más de 110 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales y datos de organismos independientes, una cifra que continúa en aumento y que refleja la dimensión de la crisis.
El Gobierno también cuestionó que el análisis del Comité se centre principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y en solo cuatro estados, lo que, a su juicio, evidencia una visión parcial. Además, acusó falta de rigor jurídico e incluso posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del organismo.
Sin embargo, más allá de los señalamientos sobre el pasado, el rechazo oficial ha sido interpretado por diversos sectores como una reacción incómoda frente a un diagnóstico que no favorece la narrativa gubernamental, especialmente en un contexto donde colectivos de búsqueda siguen denunciando omisiones, falta de coordinación y riesgos constantes en campo.
En su defensa, el Estado mexicano destacó reformas aprobadas en julio de 2025, entre ellas la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones de forma inmediata, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de una Plataforma Única de Identidad, medidas que —asegura— no fueron debidamente consideradas por el Comité.
Asimismo, reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y que mantiene cooperación constante con organismos internacionales, incluido el sistema de derechos humanos de la ONU.
Pese a ello, la confrontación abre un debate de fondo: mientras el Gobierno defiende avances institucionales, las cifras y testimonios de víctimas continúan señalando una crisis vigente. En ese contraste, la discusión ya no solo gira en torno a metodologías o informes, sino a la credibilidad de los datos y a la capacidad del Estado para responder a una de las problemáticas más graves del país.
El caso evidencia una tensión recurrente: cuando los diagnósticos internacionales no coinciden con la narrativa oficial, la discusión se desplaza del problema a la forma en que se mide, dejando en segundo plano a las víctimas que siguen sin ser localizadas.
