Morelia, Michoacán, a 2 de abril de 2026. El gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que es tendencioso, omite avances institucionales recientes y no refleja la realidad actual del país en materia de combate a este delito.
#SEGOBInforma 📢#México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018
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— Gobernación (@SEGOB_mx) April 2, 2026
El gobierno acusa sesgo y omisiones en el informe internacional
En su posicionamiento, el Estado mexicano sostuvo que el documento no tomó en cuenta observaciones, análisis ni actualizaciones presentadas recientemente, lo que derivó en conclusiones que no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio comité.
Además, argumentó que el informe ignora avances institucionales logrados desde 2019 tras el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y, particularmente, las reformas impulsadas a partir de 2025.
‘El mecanismo internacional no aplica al contexto actual’
El gobierno consideró que el procedimiento de la Convención está diseñado para escenarios donde las desapariciones son cometidas de forma sistemática por el Estado y donde existe negativa de cooperación, condiciones que —aseveró— no corresponden a la situación actual de México.
En ese sentido, afirmó que el país ha emprendido una transformación estructural en materia de búsqueda, investigación y atención a víctimas.
‘Informe se basa en hechos de administraciones pasadas’
Las autoridades mexicanas subrayaron que el análisis del CED se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de limitarse a cuatro estados del país.
Por ello, calificaron la resolución como parcial, al no considerar información actualizada presentada el pasado 27 de marzo.
El propio Comité reconoce ausencia de política sistemática
El gobierno destacó que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 que no existen indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones de forma generalizada o sistemática.
Este reconocimiento, indicó el gobierno de México, confirma que la situación actual es distinta a la de periodos anteriores.
Cuestionan rigor jurídico y posibles conflictos de interés
Otro de los señalamientos fue la supuesta falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma.
Asimismo, el gobierno indicó que existen posibles conflictos de interés, ya que al menos uno de los integrantes del Comité habría trabajado con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.
México rechaza cualquier política de desapariciones forzadas
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, argumentó en su posicionamiento oficial.
También reiteró que actualmente se impulsa una reforma integral con participación de colectivos de familiares para atender este fenómeno.
Reformas de 2025: las herramientas que el informe no consideró
Como parte de los avances recientes, el Gobierno destacó una serie de medidas implementadas en 2025 que, aseguró, no fueron valoradas por el Comité:
- Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- Obligación de abrir carpeta de investigación desde el primer reporte.
- Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- Plataforma Única de Identidad.
- Fiscalías especializadas en cada estado.
- Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- Refuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Registros oficiales con datos mínimos obligatorios.
- Coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR.
- Integración de comisiones de víctimas al sistema nacional.
Reiteran cooperación internacional, pero con condiciones
El gobierno mexicano subrayó que mantiene una política de cooperación permanente con organismos internacionales, lo cual ha sido reconocido por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
No obstante, advirtió que dicha colaboración no puede basarse en diagnósticos que no reflejen la realidad actual del país.
Compromiso con verdad, justicia y búsqueda de personas
El Estado mexicano reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, así como con garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
Estas acciones, concluyó, forman parte central del proceso de transformación nacional en materia de derechos humanos.
