Morelia, Michoacán.- El juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, podría no avanzar debido a una posible división interna dentro de la bancada de Morena en el Congreso local, advirtió el coordinador del PAN en el estado, Carlos de la Fuente.
El legislador explicó que el mandatario estatal tiene hasta las 16:00 horas de este martes 23 de junio para presentar sus alegatos de defensa ante el Congreso, en el marco del procedimiento legislativo.
“Vamos a ver qué manda el gobernador: si manda un escrito, a un representante o si se presenta personalmente. Si no se presenta, pierde la oportunidad de su defensa”, señaló en entrevista con Azucena Uresti.
De la Fuente recordó que este paso forma parte del proceso legal para garantizar la presentación de ambas partes antes de que el Congreso determine la procedencia del juicio político.
Morena, el factor decisivo para Samuel García
El coordinador panista advirtió que el proceso podría complicarse debido a diferencias internas en Morena, bancada que cuenta con nueve legisladores dentro del Congreso local.
“Hay una parte de los diputados de Morena que trabaja más con el gobernador que con su partido”, afirmó, al señalar que esta división podría impedir alcanzar los 28 votos necesarios para avanzar en el juicio político.
El Congreso de Nuevo León está integrado por 42 diputados, donde Movimiento Ciudadano —partido del gobernador— cuenta con nueve legisladores, por lo que la oposición requiere el apoyo de Morena para alcanzar la mayoría calificada.
“Morena tiene un problema hacia el interior: el coordinador de su bancada renunció, se acusaron entre ellos. No sabemos cuál es la postura oficial”, agregó.
Acusaciones contra el gobernador
El juicio político contra García está relacionado con señalamientos de presunta triangulación de recursos. De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República, el mandatario habría participado en un esquema de desvío de más de mil millones de pesos.
La indagatoria señala que parte de los recursos transferidos por el Gobierno estatal a diversas empresas habrían terminado en despachos vinculados a familiares del gobernador.
Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que cualquier señalamiento debe ser investigado sin importar el partido político involucrado.
“El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, señaló.
