Morelia, Michoacán.- A tres días de la marcha convocada por jóvenes de la Generación Z contra la violencia en México, Palacio Nacional amaneció rodeado de vallas metálicas. El cerco comenzó a colocarse durante la madrugada, replicando el operativo que el gobierno ha desplegado en anteriores manifestaciones feministas o sociales.
La protesta, programada para el 15 de noviembre, busca visibilizar la crisis de violencia e inseguridad que afecta a jóvenes en todo el país, desde los feminicidios hasta los asesinatos vinculados al crimen organizado. Pero antes de que la primera consigna sea lanzada, el mensaje oficial parece ya estar claro: el Estado se protege de sus ciudadanos.
Ver esta publicación en Instagram
El blindaje de Palacio Nacional, símbolo del poder presidencial, se ha convertido en una práctica recurrente del actual gobierno cada vez que se espera una movilización social. Bajo el argumento de “proteger el patrimonio histórico”, el Ejecutivo ha levantado un muro físico —y político— entre la sede del poder y las voces que exigen justicia.
Lo paradójico es que la protesta de este 15 de noviembre surge, precisamente, de una generación que creció entre promesas de cambio y realidades de miedo, una juventud que heredó un país con más de 180 mil homicidios en los últimos años y un Estado que, en lugar de escuchar, prefiere amurallarse.
La imagen de las vallas frente a Palacio Nacional se repite como un ritual incómodo:
un gobierno que se dice del pueblo, pero se esconde detrás del acero cada vez que ese mismo pueblo levanta la voz.
Mientras tanto, los jóvenes se preparan para marchar. Sin armas, sin poder, pero con algo que parece preocupar más al gobierno que cualquier piedra o grafiti: la esperanza organizada de una nueva generación que no quiere heredar el silencio.
