Morelia, Michoacán.— El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para imponer penas de entre 80 y 140 años de prisión a servidores públicos que colaboren, se coludan o faciliten las actividades de organizaciones criminales.
La propuesta, denominada por el partido como una medida de “cadena perpetua” contra los llamados “narcopolíticos”, contempla también multas de hasta 24 mil días y que las sanciones por estas conductas sean imprescriptibles.
PAN busca castigar la infiltración criminal en el Gobierno
La iniciativa forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por Acción Nacional durante su reunión plenaria realizada en La Paz, Baja California Sur.
El proyecto también responde al compromiso presentado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, para combatir la presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas y reducir los espacios de impunidad.
Para ello, la bancada panista propone reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Penas de hasta 140 años para servidores públicos
Las sanciones previstas se aplicarían tanto a integrantes de grupos delictivos como a funcionarios que participen, colaboren o faciliten acciones encaminadas a influir en las decisiones gubernamentales, las instituciones democráticas o los procesos electorales.
La propuesta incluye a titulares del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales, así como a funcionarios de secretarías de Estado, fiscalías y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También serían sancionados quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con la finalidad de permitir o favorecer la actuación de organizaciones criminales.
Elías Lixa declara el fin de la “era de los narcopolíticos”
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, aseguró que la iniciativa representa una definición política de su partido frente a la relación entre el poder público y la delincuencia organizada.
“Punto final a la era de los Rocha Moya, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica”, expresó el legislador.
Lixa Abimerhi argumentó que el combate a la corrupción y al crimen organizado debe garantizar sanciones efectivas contra quienes utilicen las instituciones públicas para beneficiar a grupos delictivos.
“El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, afirmó.
Advierten riesgos para elecciones e instituciones
José Manuel Hinojosa Pérez, diputado que presentó la iniciativa ante el Pleno, advirtió que la infiltración del crimen organizado en la vida pública representa una amenaza tanto para la seguridad como para el funcionamiento de las instituciones democráticas.
El legislador explicó que la reforma pretende castigar las alianzas entre funcionarios y miembros de la delincuencia organizada cuando tengan como finalidad facilitar operaciones criminales o influir en las decisiones de las autoridades y en los procesos electorales.
Las penas de 80 a 140 años también alcanzarían a integrantes de organizaciones delictivas que atenten contra la división de poderes o busquen intervenir en el funcionamiento de las instituciones.
Conductas serían investigadas como delincuencia organizada
Acción Nacional propone incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Con ello, los casos podrían ser investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones especiales de dicho ordenamiento.
La bancada del PAN llamó a las demás fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a discutir y respaldar la reforma, al considerar que no puede existir un Estado de derecho pleno mientras funcionarios utilicen sus cargos e instituciones para favorecer intereses criminales.
