Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- El decreto del Presupuesto de Egresos defiende la estabilidad de Michoacán y habla muy poco de la inseguridad que se vive en el estado.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 de Michoacán asciende a $107 mil 884 millones de pesos y se presenta como un documento orientado a la “transformación” y la “justicia social”. El gobierno estatal subraya el saneamiento financiero, la digitalización y el aumento en la recaudación propia en más del 30% respecto a 2024.
En medio de estas cifras optimistas, el decreto guarda silencio sobre uno de los factores que más afectan el gasto público, la inversión y el desarrollo económico: la inseguridad que persiste en gran parte del territorio michoacano.
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El crecimiento financiero contrasta con un diagnóstico incompleto
El documento oficial celebra un crecimiento del 9% en el presupuesto respecto al año anterior y destaca que la recaudación estatal aumentó en 21.16%. También se enumeran logros administrativos, reducción de deuda histórica y una mejor calificación crediticia.
Sin embargo, el decreto evita mencionar cómo la inseguridad —secuestros, extorsiones, control criminal de rutas comerciales y violencia homicida— afecta directamente la economía estatal y las previsiones presupuestales.
El texto no reconoce que los ingresos locales dependen de sectores vulnerables a la violencia, como el agro y el comercio, ni que la inversión privada se frena en regiones donde operan grupos criminales.
El Plan Michoacán aparece, pero sin reconocer el peso real de la violencia
Aunque el decreto integra el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la Federación, lo hace desde una perspectiva administrativa, sin explicar la urgencia estructural que lo motivó.
El documento menciona montos de inversión —salud, carreteras, agua—, pero poco reconoce que el plan surge como respuesta a una crisis de violencia que afecta a regiones enteras como Uruapan, Tierra Caliente, Zamora y Lázaro Cárdenas.
El Plan Michoacán se presenta como complemento de infraestructura, pero el presupuesto estatal no adopta un enfoque claro de contención del crimen ni fortalece la coordinación para combatir economías ilegales que afectan las finanzas públicas.
Seguridad: el vacío más evidente del decreto
En todo el documento, el gobierno del estado de Michoacán destaca riesgos macroeconómicos —inflación, desaceleración global, tensiones geopolíticas— pero menciona apenas de forma tangencial la inseguridad como riesgo económico o presupuestal.
Ningún apartado del decreto desarrolla cómo la violencia organizada impacta:
- La recaudación en municipios con presencia criminal.
- Los costos de seguridad para proyectos de infraestructura.
- La ralentización o cancelación de inversiones privadas.
- El gasto adicional en operativos, protección y procuración de justicia.
- La presión que la violencia ejerce sobre los presupuestos municipales.
Al omitir estas variables, el presupuesto queda desconectado de la realidad diaria que enfrentan sectores estratégicos como el aguacate, la logística, el transporte y el turismo.
GobMich celebra recaudación, pero no analiza amenazas
El decreto destaca que el 90% de los ingresos estatales provienen de la Federación, y aun así se presenta una narrativa de autosuficiencia administrativa.
Un aspecto crítico que el gobierno no menciona es que la inseguridad limita la capacidad real de ampliar la base fiscal local.
Sectores informales, productores agrícolas que padecen extorsiones, empresarios que pagan “cuotas” y municipios debilitados por economías criminales reducen o evitan declaraciones fiscales.
De esta manera, la inseguridad no sólo es un problema social: es un obstáculo directo para la estabilidad que el Presupuesto presume.
Un presupuesto sólido en papel, insuficiente ante la realidad
El Presupuesto 2026 de Michoacán se presenta como un documento ordenado, con cifras en ascenso y un discurso de eficiencia pero al evitar enfrentar de forma clara la crisis de violencia —factor estructural, transversal y determinante en la economía— el decreto se queda incompleto.
El decreto muestra un estado de las cosas bastante positivo y poco reconoce que la inseguridad debilita las inversiones extranjeras, encarece operaciones, inhibe empleo y limita los ingresos estatales.
Una de las principales críticas al Plan Michoacán es que no ofrece recursos extraordinarios y apenas desglosa aquellos que ya estaban destinados para el estado.
