Morelia, Michoacán a 5 de abril de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso de Michoacán para reformar el artículo 8 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de ampliar el concepto de violencia familiar y atender contextos que actualmente no están contemplados por la legislación vigente.
La propuesta busca reconocer como violencia familiar no sólo la ejercida por personas con parentesco consanguíneo o conyugal, sino también la ejercida por quienes hayan tenido con la víctima una relación de custodia, protección, cuidado, autoridad o educación, sin necesidad de vínculo formal.
La reforma responde a una realidad alarmante
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 64% de las mujeres en Michoacán han experimentado algún tipo de violencia y el 12.2% ha sido víctima de violencia familiar, cifras que colocan al estado entre los primeros lugares nacionales en este delito.
“El problema es grave, y muchas mujeres no denuncian porque no reconocen como violencia lo que sucede fuera del marco legal actual”, argumentó el legislador morenista.
Un paso necesario para proteger a más mujeres
La iniciativa señala que actualmente la ley deja fuera numerosos contextos donde se ejerce violencia, como ocurre con tutores, padrastros, cuidadores, profesores o líderes religiosos, figuras que frecuentemente abusan de su posición de poder en entornos privados o institucionales.
“No basta con nombrar la violencia, es indispensable legislarla con precisión para que las víctimas puedan acceder a la justicia”, aseveró Barragán Vélez.
Se analizan las relaciones de poder
Con esta modificación, se pretende evitar que las relaciones de poder sin parentesco formal queden impunes. El nuevo párrafo propuesto al artículo 8 establece que se considerará violencia familiar también la ejercida por quien haya mantenido una relación de “custodia, guarda, protección, educación, instrucción, cuidado, asistencia o autoridad”.
Esta reforma permitirá a las autoridades actuar en casos que, hasta ahora, quedaban fuera de su competencia por tecnicismos legales.
Armonización con estándares internacionales
La propuesta legislativa está alineada con instrumentos como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan a los Estados a garantizar la protección más amplia posible de los derechos de las mujeres. También atiende al principio de progresividad en derechos humanos.
“Es un paso fundamental para atender la deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres víctimas de violencia en todos los ámbitos”, mencionó el diputado.
De ser aprobada, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
