Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2025.- Una iniciativa en el Congreso de la Unión busca incrementar las penas hasta en una mitad más cuando el delito se cometa contra estos grupos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de brindarles mayor protección ante la creciente incidencia de este crimen en México.
¿Qué cambios propone la reforma al artículo 390?
Actualmente, el Código Penal Federal establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de 40 a 60 días para quienes obliguen a otra persona, sin derecho, a realizar o tolerar algo con fines de lucro o para causar un perjuicio patrimonial.
La reforma plantea modificar la definición de extorsión, incorporando el uso de “violencia, amenazas, intimidación o cualquier medio que implique coerción” como elementos del delito. Además, busca establecer que si la extorsión causa daño a la integridad física, psíquica, moral o patrimonial de la persona denunciante, se aplicará la misma pena, con obligación de reparación del daño y acompañamiento durante el proceso.
Las penas también se aumentarán hasta en un tanto más si la extorsión es cometida por miembros de asociaciones delictivas o si se origina desde un reclusorio o centro de reinserción social.
Un delito en crecimiento y con alta impunidad
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, señala que la extorsión es uno de los delitos de mayor incidencia en México. En 2024, la tasa de prevalencia delictiva alcanzó las 23,323 víctimas por cada 100,000 habitantes, situándolo como el tercer delito más frecuente, sólo por debajo del fraude y el robo.
El legislador enfatizó que “la extorsión tiene un impacto expansivo en las víctimas, pues además del perjuicio patrimonial, genera afectaciones emocionales y deteriora la percepción de seguridad en su entorno social”.
Además, argumentó que la impunidad en estos casos es cercana al 100 por ciento, lo que convierte este delito en una práctica recurrente de los grupos delictivos.
Impacto de la extorsión en la seguridad y estabilidad social
El delito de extorsión no sólo afecta a las víctimas directas, sino que genera un clima de temor e incertidumbre en comunidades enteras. Comerciantes, empresarios y ciudadanos se ven obligados a pagar cuotas ilegales para evitar represalias, lo que afecta la economía local y desincentiva el desarrollo.
“Las víctimas no sólo pierden dinero, sino también tranquilidad y confianza en las instituciones de justicia”, aseveró el diputado Sóstenes Mejía Berdeja (PT). En muchos casos, la falta de denuncias se debe al miedo a represalias, lo que agrava la problemática.
Contexto legal: un marco normativo obsoleto
El artículo 390 del Código Penal Federal, que regula la extorsión, fue creado en 1984 y su última reforma data de 1994. Desde entonces, la actividad criminal se ha diversificado, aprovechando nuevas tecnologías y estrategias para llevar a cabo este delito.
“Los contextos han cambiado y el marco legal ha quedado obsoleto”, mencionó el legislador. “Es necesario actualizarlo para responder a las nuevas formas de extorsión y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad”.
La propuesta de reforma busca no sólo endurecer las penas, sino también actualizar el concepto del delito para que contemple los métodos modernos de coerción utilizados por los delincuentes. Su aprobación podría significar un avance en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de las personas más vulnerables en el país.
