Morelia, Michoacán.- Una iniciativa legislativa presentada por el diputado de Morena Juan Carlos Varela busca sancionar con destitución e inhabilitación a funcionarios estatales y municipales que establezcan acuerdos de colaboración con agencias extranjeras sin autorización del Ejecutivo federal, en un contexto marcado por tensiones tras un operativo en Chihuahua.
En la operación en Chihuahua, fallecieron dos agentes de la CIA.
Reforma plantea endurecer sanciones por colaboración sin autorización
La propuesta contempla modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de tipificar como amenaza a la seguridad nacional la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad pública sin aval federal.
El planteamiento establece que cualquier intervención, presencia o participación de agentes extranjeros en tareas de seguridad, inteligencia o investigación dentro del territorio mexicano deberá contar con autorización expresa del Ejecutivo federal.
Prohibición expresa a acuerdos locales con agencias extranjeras
En el documento se precisa que las autoridades estatales y municipales tienen prohibido celebrar acuerdos de colaboración directa con gobiernos o corporaciones extranjeras que impliquen su intervención operativa en México.
“Queda estrictamente prohibido a las autoridades de las entidades federativas y municipios celebrar acuerdos, convenios o cualquier forma de colaboración directa con gobiernos, agencias o corporaciones extranjeras que implique su participación operativa en territorio nacional”, establece el texto, el cual además subraya que “toda cooperación internacional en materia de seguridad deberá ser autorizada, coordinada y supervisada por el Ejecutivo federal”.
Faltas graves implicarían destitución e inhabilitación máxima
La iniciativa clasifica como falta administrativa grave cualquier acción que permita o facilite la intervención de agentes extranjeros sin conocimiento del Ejecutivo, incluyendo la omisión de impedir estos actos cuando exista responsabilidad legal.
“La comisión de esta falta será considerada de carácter grave por implicar una afectación directa a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado mexicano”, se advierte en el documento.
Las sanciones contempladas incluyen la destitución inmediata del cargo y la inhabilitación en su grado máximo, en función de la gravedad de la conducta.
Vacíos legales y tensiones institucionales motivan la propuesta
De acuerdo con la exposición de motivos, el marco constitucional actual presenta zonas grises que han permitido interpretaciones amplias por parte de autoridades locales en materia de cooperación internacional.
Sin mencionar directamente a Chihuahua o a la gobernadora Maru Campos, el texto señala que un hecho reciente en el norte del país evidenció deficiencias estructurales en la regulación.
“Este hecho no sólo provocó tensiones institucionales entre distintos órdenes de Gobierno, sino que también puso en evidencia un problema más profundo: la inexistencia de una prohibición constitucional expresa y de mecanismos de sanción suficientemente claros”, se argumenta.
Cooperación internacional sí, pero bajo control federal
El legislador sostiene que, si bien México enfrenta fenómenos delictivos de carácter transnacional, la colaboración internacional no debe vulnerar los principios constitucionales.
“Permitir que autoridades locales establezcan de facto esquemas de colaboración operativa con agentes extranjeros sin la debida autorización federal implica no solo una vulneración al principio de soberanía, sino también una fragmentación del Estado”, se asevera.
Finalmente, la iniciativa subraya que la cooperación internacional debe mantenerse, pero bajo control del Estado mexicano: “La cooperación debe realizarse bajo el control del Estado mexicano, con apego a la legalidad y en pleno respeto a la soberanía nacional”.
