Ciudad de México.— La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, llamó públicamente a boicotear empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego, al argumentar que con ello se busca evitar que “sigan beneficiando a la derecha”. El pronunciamiento, difundido a través de redes sociales, generó una inmediata reacción en el ámbito político y empresarial.
En su mensaje, Hernández exhortó a integrantes y dependencias del gobierno encabezado por Morena a no mantener contratos con Totalplay, empresa perteneciente al grupo del empresario, lo que abrió un debate sobre los límites entre la postura política de funcionarios públicos y el uso del poder institucional para influir en decisiones comerciales.
¿Secretaria de las mujeres pidiendo boicot a un hombre?
La declaración fue interpretada por algunos sectores como una postura ideológica que podría vulnerar principios de neutralidad del Estado frente a la iniciativa privada, mientras que simpatizantes del oficialismo la defendieron como un llamado legítimo a ejercer presión económica contra actores que, aseguran, influyen políticamente en favor de la oposición.
El posicionamiento también provocó una intensa discusión en redes sociales, donde usuarios cuestionaron si un llamado al boicot desde una secretaría de Estado puede tener implicaciones legales o afectar la certeza jurídica de las empresas, así como la libertad de expresión y de mercado.
El episodio se suma a una serie de confrontaciones públicas entre integrantes del gobierno federal y el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los críticos más visibles de la actual administración, lo que mantiene encendido el debate sobre la relación entre poder político, discurso ideológico y sector privado.
Ante este escenario, surgen varias preguntas para el análisis: ¿hasta dónde puede llegar un funcionario público al llamar a boicotear empresas privadas? ¿Se trata de una expresión política legítima o de una posible presión desde el poder del Estado? ¿Qué efectos podría tener este tipo de llamados en la inversión, la competencia y la certeza jurídica en el país? ¿El boicot es una herramienta válida de acción política o un riesgo para la pluralidad económica y democrática?
