Morelia, Michoacán, a 21 de mayo de 2025. – La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo una sentencia de 11 años de prisión contra Jesús Refugio “N”, tras demostrar su responsabilidad en un caso de extorsión cometido en contra de la directora de una guardería en el municipio de Uruapan.
El caso: amenazas a una directora por la seguridad de niños
La víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas el pasado 29 de enero desde varios números desconocidos. En dichas comunicaciones, los extorsionadores exigían una suma de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de los niños y el personal del centro infantil que dirigía.
La situación se tornó alarmante cuando se estableció una fecha específica para la entrega del dinero, lo que llevó a la afectada a denunciar el caso ante las autoridades competentes.
Intervención de la UECS y captura del agresor
Ante la denuncia presentada, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) implementó una acción operativa que culminó con la detención de Jesús Refugio “N”. El imputado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien recabó los elementos necesarios para vincularlo a proceso.
Sentencia a través de procedimiento abreviado
Una vez cumplidos los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGE solicitó la apertura de un procedimiento abreviado. En este tipo de procedimiento, el imputado reconoce su responsabilidad en el delito y a cambio obtiene una reducción limitada en su condena.
El juez determinó una sentencia de 11 años de prisión, además del pago por concepto de reparación del daño en favor de la víctima.
La Fiscalía reitera su compromiso con la justicia
La FGE aseguró que continuará con acciones firmes para evitar que delitos como este queden impunes. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que represente una amenaza para la seguridad de las personas, en especial de menores de edad.
Este caso demuestra que el uso de los mecanismos legales adecuados, como el procedimiento abreviado, puede agilizar el acceso a la justicia y garantizar la reparación del daño a las víctimas.
