Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este día al Senado de la República su propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, la cual contempla recortes presupuestales y topes salariales a autoridades electorales, congresos locales y municipios, pero deja intacto el financiamiento público a los partidos políticos.
Plan B electoral mantiene financiamiento a partidos políticos
A pesar de que en un inicio se planteó la posibilidad de someter a consulta ciudadana el financiamiento a partidos, la iniciativa finalmente no incluye este mecanismo ni modificaciones a las prerrogativas partidistas.
“Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero sí estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, aseveró la mandataria.
La propuesta se centra en reducir los gastos dentro del aparato electoral, pero sin modificar el esquema actual de financiamiento a las fuerzas políticas.
Recortes al INE y tope salarial para consejeros
Uno de los ejes principales de la iniciativa es la reducción de salarios y prestaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales.
El proyecto establece que ningún consejero ni funcionario electoral podrá percibir ingresos superiores a los de la Presidenta de la República, además de eliminar beneficios como bonos, seguros de gastos médicos mayores y compensaciones adicionales.
“Se trata de poner un tope a las remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Mayor fiscalización a partidos y control de recursos
En materia de fiscalización, la reforma plantea que los partidos políticos deberán reportar en tiempo real sus operaciones financieras a través de un sistema bancarizado.
Asimismo, se abre la posibilidad de que el INE firme convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda para verificar el origen de los recursos en campañas.
“El INE podrá firmar un convenio con la UIF, con Secretaría de Hacienda, y en caso de que considere que es necesario la revisión de alguna aportación de una campaña”, mencionó Rodríguez.
Además, se prohíbe el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y financiamiento extranjero en procesos electorales.
Topes a congresos locales y reducción de regidores
El Plan B también incluye medidas de austeridad en el ámbito local. Se propone fijar un límite presupuestal a los congresos estatales equivalente al 0.70% del presupuesto total de cada entidad.
En el caso de los municipios, se plantea reducir el número de regidores a un rango de entre siete y 15, dependiendo de la población, así como limitar a una sindicatura por Ayuntamiento.
“El planteamiento es que de acuerdo a la población del municipio vaya de siete a 15 y que ningún regidor, ningún Presidente Municipal pueda ganar más ni se puede asignar bonos ni nada que tenga que ver con uso de los recursos públicos para uso personal más allá de su salario”, argumentó.
Los ahorros generados deberán destinarse a obras de infraestructura pública.
Recorte al Senado y cambios en cómputos electorales
La iniciativa contempla una reducción progresiva del gasto en el Senado, con ajustes que podrían alcanzar hasta el 15% del presupuesto.
Además, propone modificar los procedimientos electorales para que los cómputos inicien inmediatamente al cierre de la jornada electoral, con la llegada del primer paquete.
“En ese instante empieza el cómputo, que objetivo tiene evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días o tres días”, explicó la titular de Gobernación.
Revocación de mandato podría realizarse en 2027 o 2028
El proyecto mantiene la figura de revocación de mandato, pero plantea que pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
“Se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028”, indicó.
La iniciativa será analizada en el Senado en medio de un contexto político marcado por el debate sobre la austeridad electoral y el financiamiento a los partidos políticos.
