Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025. — La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que el protocolo de protección de la Guardia Nacional no presentó fallas en el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.
El resguardo federal fue rechazado parcialmente
El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, explicó que el esquema de seguridad federal estaba disponible, pero no fue aceptado en su totalidad por el funcionario. De acuerdo con el mando militar, “el protocolo no falló, falló otro, el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, expresó al referirse a la decisión del alcalde de mantener como primer círculo de resguardo a elementos municipales.
Trevilla detalló que la Guardia Nacional cuenta con personal capacitado específicamente para la protección de funcionarios públicos y que, de haberse aceptado su intervención directa, el nivel de seguridad en actos públicos habría sido superior.
“Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad”, aseveró.
Habrá mayor sensibilización con autoridades locales
Tras el asesinato, la Sedena implementará acciones para reforzar la comunicación con autoridades locales, con el objetivo de fomentar la colaboración en los esquemas de seguridad federal. Trevilla adelantó que se trabajará en “concientizar más a la persona que se le va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos”.
El general Trevilla enfatizó que estos protocolos son diseñados para prevenir escenarios de riesgo y evitar que funcionarios opten por reemplazar al personal especializado de la Guardia Nacional con escoltas municipales o privados.
La investigación del homicidio sigue en curso
Finalmente, Trevilla subrayó que la investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual determinará las circunstancias exactas del ataque y sus posibles motivaciones.
El caso de Carlos Manzo ha provocado preocupación en el ámbito político y social de Michoacán, donde varios alcaldes han solicitado mayor respaldo en materia de seguridad ante los riesgos que enfrentan en sus municipios.
