Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.— Una red de contrabando de combustible con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó un daño millonario a la hacienda pública mexicana. Documentos revelan que una sola empresa fantasma habría evadido más de 29 mil millones de pesos en impuestos, cifra que supera cuatro veces el monto de La Estafa Maestra.
Un desfalco histórico en el sector energético
De acuerdo con información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en una nota de Raúl Olmos y Leonardo Núñez, la empresa Marlaya SA de CV es señalada como responsable de un fraude fiscal superior a los 29 mil millones de pesos, equivalente al costo de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
El monto del desfalco duplica incluso el registrado en el caso Segalmex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cuadruplica el de La Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El origen: aseguramiento del buque Challenge Procyon
La red de contrabando salió a la luz en marzo de 2025, tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Este hecho permitió identificar una estructura compleja de tráfico ilegal de combustible que, además, contaba con presunta protección de mandos de la Marina.
Resolución fiscal confirma fraude millonario
La magnitud del daño fue oficialmente reconocida mediante una resolución emitida el 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco, en la que se determinó el monto del fraude atribuido a la empresa.
Una empresa fantasma con objeto social amplio
Marlaya SA de CV fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social amplio, lo que le permitió operar como empresa fachada para la facturación de diversos servicios y productos.
Fue hasta mayo de 2018 cuando amplió formalmente sus actividades a la comercialización de hidrocarburos, lo que marcaría su entrada en la red de huachicol fiscal.
Vínculos con empresas y operadores del huachicol
En documentos mercantiles se identifica a Aldo Ignacio Ulloa Temblador como delegado en la asamblea que amplió las actividades de Marlaya. Este personaje también ha sido representante de Mefra Fletes, empresa relacionada con decomisos de 18 millones de litros de combustible ilegal en Tampico y Ensenada en marzo de 2025.
Asimismo, Ulloa Temblador participó en la asamblea donde se nombró como administrador único a José Isabel Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, actualmente preso por su presunta implicación en crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre.
Autoridades vinculan la red con el CJNG
El 20 de mayo de 2025, durante una conferencia, el entonces titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, señaló la relación de estos actores con el crimen organizado.
“El expresidente municipal de Teuchitlán -que está ya procesado y en la cárcel-, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible (de contrabando), y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”, argumentó.
Conexiones con otros casos de huachicol fiscal
El entramado empresarial también incluye a Dalcrise SA de CV, donde Ulloa Temblador ha sido representante legal, y su vínculo con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), otra compañía señalada por huachicol fiscal.
En este caso destaca el buque Atlantic Bay, mediante el cual se habrían introducido ilegalmente 21.5 millones de litros de diésel por el puerto de Tuxpan en octubre de 2019, según las investigaciones de la FGR.
Impacto económico y vacío en la fiscalización
El caso expone no sólo el tamaño del fraude fiscal en el mercado de hidrocarburos, sino también las debilidades en los mecanismos de control y supervisión, así como posibles redes de complicidad dentro de instituciones encargadas de la seguridad y vigilancia marítima.
El daño de 29 mil millones de pesos representa recursos que pudieron destinarse a infraestructura hospitalaria, programas sociales o inversión pública, lo que coloca este caso como uno de los mayores escándalos financieros recientes en México.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aquí.
